La Policía Nacional ha detenido este jueves al dueño de Plus Ultra , Julio Martínez, y al CEO de la aerolínea, Roberto Roselli, en el marco de una investigación por presuntas irregularidades relacionadas con el rescate de 53 millones de euros que la compañía recibió del Gobierno de Pedro Sánchez. La operación ha sido ejecutada por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) , en coordinación con el Juzgado de Instrucción nº15 de Madrid , y se suma a la oleada de detenciones que ya sacude al entorno socialista .

El caso Plus Ultra se conecta con el entramado de Leire Díez y Servinabar

Estas detenciones se producen un día después de que la UCO arrestara a Leire Díez y al expresidente de la SEPI , Vicente Fernández, por contratos públicos bajo sospecha. Además, hoy ha sido detenido también Antxón Alonso , socio de Santos Cerdán y pieza clave en las conversaciones con PNV y Bildu que permitieron al PSOE mantenerse en el poder. El foco ahora apunta directamente a la aerolínea Plus Ultra , que fue rescatada en plena pandemia con dinero público pese a los informes desfavorables de la Airef y otras instituciones.

Clonado de servidores y registros en busca de la verdad

Agentes de la UDEF entraron esta mañana en la sede de Plus Ultra con orden judicial para clonar los servidores informáticos. Según ha confirmado The Objective , el procedimiento busca esclarecer el destino del dinero público entregado en concepto de rescate por el Gobierno de Sánchez . La operación judicial, que se mantiene bajo secreto de sumario, se ha extendido también a empresas vinculadas a Servinabar , el entramado empresarial ligado a Cerdán y Koldo García , actualmente en prisión preventiva.

Un rescate bajo sospecha desde el principio

El rescate a Plus Ultra , aprobado por el Consejo de Ministros en 2021, fue duramente criticado por la oposición y organismos técnicos que cuestionaban la viabilidad y el peso estratégico de la compañía en el mercado español. Ahora, la detención de sus principales responsables abre una nueva vía de investigación que conecta con las tramas de corrupción, tráfico de influencias y adjudicaciones irregulares en empresas públicas bajo gobiernos socialistas.

Un Gobierno acorralado por sus propias redes clientelares

Con la imputación de Ábalos y Koldo , las causas de Leire Díez y los vínculos empresariales de Cerdán , el Ejecutivo afronta una tormenta judicial que pone en entredicho su discurso regenerador. El rescate a Plus Ultra fue defendido como una medida de emergencia económica, pero los nuevos datos sugieren que pudo servir como canal de retorno de favores políticos . En este contexto, los órganos judiciales deben actuar con independencia y rigor para restaurar la confianza en las instituciones.