La periodista Silvia Intxaurrondo , actual presentadora del programa matinal La Hora de La 1 en Televisión Española, ha interpuesto una demanda judicial contra RTVE tras varios meses de conflicto con la dirección de la corporación pública. En el centro del enfrentamiento están la naturaleza de su relación laboral, el tipo de contrato ofrecido por la cadena y la interrupción del pago de su sueldo durante cuatro meses en 2025 .

El origen del problema se remonta al verano de 2023, cuando RTVE le ofreció un contrato artístico de dos años de duración , con una retribución anual de 253.356 euros , una fórmula similar a la que tienen otros profesionales externos como Pepa Bueno . Sin embargo, Intxaurrondo rechazó firmarlo, alegando que dicho contrato no reconocía el carácter indefinido de su puesto, tal y como habría concluido una resolución de la Inspección de Trabajo . Este organismo consideró irregular que la periodista estuviera cobrando a través de una sociedad mercantil, como también ocurrió durante su etapa anterior en Telemadrid .

En su demanda, Silvia Intxaurrondo acusa a RTVE de obligarla a constituir una sociedad para continuar contratándola, una maniobra que, en su opinión, buscaba eludir la legalidad laboral y perpetuar una situación fraudulenta. Según su versión, la creación de esa sociedad no fue una decisión voluntaria , sino una exigencia de la cadena para seguir manteniendo su vinculación profesional en condiciones ajenas a lo establecido por la legislación laboral.

La situación se agravó en 2025 cuando, tras una denuncia anónima, la Inspección de Trabajo volvió a investigar el caso y declaró que el vínculo entre RTVE y la presentadora debía considerarse como relación laboral ordinaria. RTVE respondió a esta resolución dando de alta a Intxaurrondo en la Seguridad Social , y le ofreció nuevamente un contrato artístico temporal , similar al que había tenido entre 2021 y 2023. Esta propuesta fue rechazada por la periodista, quien considera que cualquier contrato que no sea indefinido viola lo dispuesto por la inspección .

Como consecuencia de este desacuerdo, RTVE dejó de abonar su salario entre abril y agosto de 2025 . La cadena finalmente procedió al pago retroactivo el 1 de agosto, aplicando el salario del contrato artístico previamente ofertado, de unos 21.100 euros mensuales . El 10 de septiembre, RTVE comunicó a la periodista que pasaba a formar parte de la plantilla con un contrato conforme al Convenio Colectivo , estableciendo su nuevo sueldo en 140.000 euros anuales . Intxaurrondo firmó el contrato, aunque con reservas, e informó que recurriría a los tribunales , como finalmente ha hecho.

En su demanda, la periodista no solo exige el reconocimiento de la relación laboral indefinida , sino también que se le restituya el salario original —muy superior al actual— y el servicio de coche de empresa del que gozaba anteriormente. Además, solicita una indemnización de 25.000 euros por daños y perjuicios derivados de lo que considera una actuación lesiva por parte de la dirección de RTVE.

El conflicto ha puesto sobre la mesa el debate sobre la figura del contrato artístico en RTVE, una fórmula utilizada con frecuencia en el ente público para vincular a presentadores, colaboradores y otros perfiles profesionales sin integrarlos en plantilla fija. Los sindicatos de RTVE sostienen que no es posible compatibilizar un contrato indefinido estructural con las condiciones económicas de los contratos artísticos , que son notablemente más elevados y se sitúan fuera del marco salarial del convenio. En sus propias palabras: «O una cosa u otra».

Por su parte, la dirección de RTVE defiende la legalidad de su actuación , recordando que ha cumplido con lo dictado por la inspección al regularizar la situación laboral de Intxaurrondo y ofrecerle continuidad profesional. Sin embargo, para la periodista, el problema no es solo contractual, sino de fondo: considera que se la ha castigado por exigir que se respete la legalidad laboral y por no aceptar una fórmula que, según su interpretación, perpetúa el fraude .

El caso llegará a juicio en mayo de 2026 , y se espera que siente un precedente importante en la política de contratación del ente público, cuya gestión de recursos humanos lleva años siendo objeto de críticas por parte de los sindicatos, la Inspección de Trabajo y diversos grupos parlamentarios.

Este litigio podría abrir un debate más amplio sobre el modelo de contratación en las corporaciones públicas, la transparencia en la gestión de sus plantillas y la necesidad de adaptar su funcionamiento a los criterios laborales ordinarios, algo que la periodista ha convertido en su principal argumento ante los tribunales.