La Cámara de Diputados aprobó ayer reformas que criminalizan la venta y la distribución de vapeadores y cigarrillos electrónicos. Ahora, vender estos dispositivos podrá costarle a un ciudadano hasta casi 10 años de cárcel. Presentar esto solo como una política de salud pública es ignorar el origen de la prohibición.

Las políticas de Estado suelen presumirse como técnicas o ideológicas. La guerra contra el vapeo es distinta: una ley desproporcionada que no nació en la Secretaría de Salud, sino en una crisis doméstica en Palacio Nacional. Expedientes militares filtrados por el colectivo Guacamaya muestran que, a finales de 2021, Jesús Ernesto, el hijo menor de Andrés Manuel López Obrador, fue internado de urgencia por neumonitis en un hospital militar. Los médicos hablaron de "intoxicación

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