El gobierno de Puerto Rico presentó este jueves una demanda para la cancelación del contrato con el consorcio energético LUMA Energy.

En el recurso legal, presentado por la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP) y la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) ante el Tribunal de San Juan, solicita la nulidad de la extensión al contrato de operación del sistema de transmisión y distribución firmado con la privatizadora.

Conforme a la demanda, la extensión —suscrita el 30 de noviembre de 2022— otorgó a LUMA “un control indefinido” sobre la operación del sistema eléctrico, eliminando la facultad resolutoria que tenían la AAPP y la AEE, y subordinó el interés público “a la mera voluntad del operador privado”.

A raíz de esa extensión, el país quedó "indefinidamente atado a un contrato

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