El Juzgado Federal de Campana hizo lugar a un amparo colectivo y ordenó la puesta en marcha de la nueva Ley de Emergencia en Discapacidad.

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El fallo también suspendió el artículo de la ley que obligaba al Congreso a decir de donde sacaba los fondos para la implementación.

El Congreso había aprobado la Ley 27.793 en julio de 2025, estableciendo la emergencia en el sector hasta finales de 2027. El Ejecutivo la vetó por cuestiones de equilibrio fiscal , pero los legisladores insistieron en su sanción, obligando a su promulgación sin restricciones. No obstante, el Gobierno emitió el Decreto 681/2025, condicionando su entrada en vigencia a que el Congreso detalle las fuentes de financiamiento y l

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