En el caso de corrupción que estalló hace más de un año en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD), solo una mujer, hasta ahora, está pagando con cárcel. Se trata de Sandra Ortiz , exconsejera presidencial para las Regiones, hoy recluida y convertida, según su defensa, en el “eslabón más débil” de un proceso en el que la Fiscalía no ha logrado llegar a un acuerdo con ella.

Su equipo jurídico sostiene que Ortiz está enfrentando la investigación sin garantías reales y bajo una presión desproporcionada por parte del ente acusador. La exfuncionaria, se declaró inocente de los delitos de tráfico de influencias y lavado de activos imputados por la Fiscalía.

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Los reclamos

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