A tres años de la masacre ocurrida durante las protestas sociales en el Perú, la Asociación Nacional de Mártires y Víctimas de las Protestas 2022-2023 organizó una marcha en Apurímac. Las Familias de siete personas asesinadas recorrieron las calles exigiendo justicia, denunciando el archivo de investigaciones contra responsables del gobierno de Dina Boluarte.

Raúl Samillán Sanga, representante de la asociación, criticó duramente al Congreso y al presidente de la república, José Jerí, calificándolo de oportunista, el fiscal interino de la nación, Tomas Gálvez. Las familias provenientes de Puno, Ayacucho, Cusco y otras regiones marcharon con un clamor unísono: «justicia para sus seres queridos». La movilización evidenció el rechazo a la decisión de archivar denuncias constitucionales.

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