El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, no podrá evitar sentarse en el banquillo de los acusados por un presunto delito de revelación de secretos. La sala de apelaciones del Tribunal Supremo rechazó ayer su recurso y validó la instrucción realizada por el magistrado Ángel Hurtado contra García Ortiz por haber filtrado a la prensa unos correos electrónicos reservados entre el abogado del empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el fiscal que le investigaba por fraude fiscal. Esos correos, donde la defensa del empresario reconocía su falta y estaba dispuesto a pagar un multa con tal de no ir a juicio, acabaron en la prensa.

Dos de los tres magistrados de la sala, Julián Sánchez Melgar y Eduardo de Porres, sostiene

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