El Ayuntamiento de Jumilla, en la Región de Murcia, ha aprobado una controvertida enmienda que prohíbe la celebración de las festividades musulmanas del fin del Ramadán y la Fiesta del Cordero en instalaciones municipales. Esta decisión, impulsada por el Partido Popular (PP) y Vox, se tomó en el pleno municipal del pasado 28 de julio y ha generado un intenso debate sobre la libertad religiosa y la identidad cultural en España.
La enmienda, que modifica el reglamento de uso de las instalaciones municipales, impide que se celebren actos islámicos en espacios públicos, argumentando que estas festividades son "ajenas a la identidad del pueblo". Se estima que alrededor de 1.500 musulmanes residen en Jumilla, un municipio de 27.263 habitantes, y que tradicionalmente han utilizado estos espacios para realizar rezos colectivos durante estas celebraciones.
La alcaldesa de Jumilla, Severa González, ha intentado aclarar que la información ha sido malinterpretada, afirmando que no se ha prohibido nada. Sin embargo, la concejala de Educación, Mari Carmen Cruz, ha confirmado que las instalaciones deportivas no podrán ser utilizadas para actividades ajenas al Ayuntamiento. Esta medida ha sido calificada como la primera en España que prohíbe la celebración de fiestas islámicas en espacios públicos.
El secretario general del PSOE en la Región de Murcia, Francisco Lucas Ayala, ha criticado duramente la decisión, afirmando que PP y Vox están alimentando el odio y provocando una fractura social. Desde Podemos, se ha anunciado que llevarán la medida a la Fiscalía, argumentando que los espacios públicos deben ser accesibles para todos, independientemente de su religión.
La Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes (ATIM) también ha expresado su rechazo, calificando la decisión de "discriminación pura y dura" que vulnera la Constitución y los acuerdos firmados con la Comisión Islámica en 1992. Desde la asociación, se cuestiona la noción de "identidad del pueblo" y se recuerda que las festividades religiosas deben ser respetadas y permitidas en espacios públicos.
La polémica en Jumilla se suma a un contexto más amplio de tensiones sociales en la región, donde se han observado discursos y políticas islamófobas. La decisión del Ayuntamiento ha suscitado preocupaciones sobre el futuro de la convivencia y la libertad religiosa en España.