Más de cuatro meses después de la orden del Tribunal Supremo , el Gobierno central empieza a trasladar a la península a los menores demandantes de asilo que se encuentran actualmente en Canarias. Este lunes, un grupo de ocho adolescentes llegados en cayuco, tras huir solos de la guerra o la persecución, abandonará Las Palmas para ser acogidos en centros bajo el paraguas del Estado. Aunque con meses de retraso, el Ejecutivo empieza a cumplir así con la sentencia que le exigió hacerse cargo de estos menores en su sistema de acogida, al considerar que es su competencia.

Los primeros traslados llegan en un momento de ruido político y crispación racista, después de que el Ayuntamiento de Pozuelo se negase a la posible acogida de estos menores en un centro estatal del municipio madrileño. En paralelo, el Gobierno sigue intentando ejecutar la que ha defendido como la principal solución para descongestionar la capacidad de acogida de las islas: el plan de reparto obligatorio de menores extranjeros no acompañados entre comunidades autónomas aprobado por real decreto en marzo.

Estas son algunas claves del traslado ordenado por el Supremo:

¿Quiénes son estos menores? ¿Cuál es su situación?

Son menores solicitantes de asilo, es decir, son chavales que han huido de la guerra o la persecución de sus países sin la compañía de un adulto. Tras su llegada en cayuco a Canarias, estos menores habían pedido a España protección internacional a España y su solicitud ha sido admitida trámite, por lo que cuentan con documentación que les acredita como demandantes de asilo.

Las cifras aportadas por Migraciones evidencian el perfil especialmente vulnerable de estos adolescentes: casi el 90% de los niños que serán trasladados en este procedimiento son malienses, es decir, huyen de la guerra. No solo son chicos, también hay niñas y adolescentes.

¿Cuántos menores solicitantes de asilo van a ser trasladados en este proceso?

Por el momento, el Gobierno ha confirmado que se encargará de la acogida de 827 menores solicitantes de asilo que se encuentran actualmente en Canarias. Este lunes empieza el traslado del primer grupo de ocho menores solicitantes de asilo. Así, cada semana, el Ejecutivo central organizará dos traslados de grupos reducidos, de en torno a ocho menores, desde el Archipiélago a centros de acogida estatales de la península.

La cifra de 827 corresponde al número de menores cuya solicitud de asilo ha sido admitida a trámite. Son los menores cuyos expedientes serán estudiados por el gobierno central y el canario para estudiar si en cada caso es preferible el traslado o la permanencia en las Islas, por lo que no tienen por qué ser derivados todos ellos, sino los que quieran hacerlo, dado que algunos por razones de arraigo preferirán permanecer en Canarias.

¿A dónde van a llevarlos?

Serán trasladados a distintos territorios de la península, según el Ministerio de Migraciones. Aún se desconoce la comunidad autónoma específica a donde llegará el primer grupo de chavales, dado que el Gobierno intenta evitar anunciar el lugar concreto a donde serán enviados los menores para proteger la seguridad de los adolescentes, especialmente en un momento en el que están aumentando las consecuencias de los discursos de odio.

Lo que sí se sabe es que, en su mayoría, serán centros pequeños de responsabilidad estatal. Fuentes próximas al proceso aseguran que se evitará su acogida en grandes espacios para favorecer una atención más individualizada y para evitar reacciones en contra de su acogida por parte de determinados gobiernos municipales o autonómicos.

Después de la reacción racista de la alcaldesa de Pozuelo , se ha dicho que se ha descartado la acogida de estos menores en Madrid. ¿Es así?

Ninguno de los ocho menores que van a ser derivados este lunes van a ir a Madrid, pero Migraciones no ha descartado que, más adelante, algunos de los chavales correspondientes puedan ser trasladados a la capital. La ministra Elma Saiz ha recalcado que “no va a haber excepcionalidad” y que los adolescentes podrán ser acogidos “a lo largo de todo territorio”.

Fuentes del Ministerio explican que, según avancen las semanas “se pondrán más recursos disponibles encima de la mesa”, que serán valorados junto al Gobierno de Canarias. La elección del lugar de destino se hará en función de la disponibilidad de espacios reducidos, ya que quieren priorizar los centros de dimensiones reducidas. Por esta razón el de Pozuelo, con capacidad para 400 personas, se evitará en un primer momento pese a que se propuso como posibilidad en las primeras reuniones mantenidas. No obstante, Migraciones asegura que no lo ha descartado y, en caso de necesitarlo más adelante, podría recurrir a él.

¿Por qué en este caso van a ser trasladados a centros estatales?

Por orden del Tribunal Supremo. En marzo, los magistrados ordenaron al Gobierno central que se hiciese cargo de los menores migrantes solicitantes de asilo acogidos en la red de protección de Canarias. Se trata de una medida cautelar que había sido solicitada por el Ejecutivo canario al considerar que la acogida de los menores demandantes de protección internacional se trata de una competencia estatal. Aunque en un primer momento, el Gobierno trató de retrasar el cumplimiento de la sentencia y defendía el reparto obligatorio de todos los menores entre comunidades autónomas era suficiente, el Supremo ha sido contundente y ha dado varios ultimátums al Estado durante este tiempo, lo que ha obligado al Ejecutivo central a idear un sistema específico para su traslado y a buscar espacios que puedan ser habilitados para su llegada, ya que la actual red de acogida de demandantes de protección no está pensada para alojar a menores solos, sino a adultos o niños acompañados de sus familias.

Pero, ¿es lo mismo que el traslado de menores desde Canarias del que llevan hablando un año?

No. Aunque ha acabado desarrollándose en paralelo, se trata de un proceso diferente al reparto obligatorio entre comunidades autónomas de menores extranjeros no acompañados desde Canarias y Ceuta que lleva negociando el Gobierno central y el canario con el resto de grupos políticos desde hace más de un año.

La orden del Supremo solo se refiere a los menores solicitantes de asilo, al considerar que su acogida (no su tutela) es competencia del Estado y, por tanto, deben ser atendidos por el sistema de acogida estatal.

Sin embargo, el reparto obligatorio de menores extranjeros no acompañados del que se habla desde hace más de un año responde a la petición de Canarias de crear un sistema estable para, en caso de que algún territorio tenga su red de acogida de menores colapsada por el aumento de las llegadas de menores migrantes, sea posible pedir el traslado obligatorio entre comunidades autónomas. En este caso, el procedimiento lo marca el real decreto aprobado por el Gobierno en marzo y refrendado posteriormente en el Congreso.

En el caso del reparto obligatorio, los chavales no serán acogidos por el Gobierno central, sino que este coordinará y financiará parte del traslado a las autonomías correspondientes.

Al ser menores, ¿cómo se ha hecho el proceso para cumplir con el interés del menor?

Según el Ministerio de Migraciones y el Gobierno de Canarias, el procedimiento está cumpliendo con todas las garantías para cumplir con el interés superior del menor. En primer lugar, el Gobierno ha trasladado a los primeros 141 menores solicitantes de asilo identificados por el Ejecutivo canario a un centro de acogida estatal situado en Las Palmas.

Allí, la ONG Engloba, en coordinación con los técnicos de la Secretaría de Estado de Migraciones y de la Consejería canaria de Infancia están realizando “valoración individualizada y pormenorizada” de cada expediente, con entrevistas a los chavales bajo la supervisión del Ministerio Fiscal, según fuentes de la cartera dirigida por Elma Saiz. El objetivo, añaden, es cumplir con el interés superior de cada menor, por lo que solo serán trasladados de manera voluntaria. Si los menores no quieren debido a su fuerte arraigo en el Archipiélago, estos no serán trasladados.

¿Cuál ha sido la posición del PP sobre los traslados ordenados por el Supremo?

A diferencia de su reacción sobre el plan de reparto obligatorio de menores por comunidades autónomas, el PP no se ha opuesto de forma general al traslado de los niños solicitantes de asilo. Al tratarse de una orden judicial, desde Génova entienden que hay que cumplirla. Es una decisión que apenas afectará a las comunidades autónomas donde vayan a parar, pues el Estado se encargará de su acogida y de los gastos ligados a ella. De lo que sí se tendrán que hacer cargo es de los servicios autonómicos que puedan requerir esos chavales, como la Educación y la Sanidad, como con cualquier otra persona que resida en su territorio.

El único que sí se opuso a la posibilidad del traslado de algunos de estos menores a Madrid fue el de Isabel Díaz Ayuso y, sobre todo, la alcaldesa del municipio madrileño, quien llegó a ordenar el cierre del centro propuesto por el Ministerio tras pedir una inspección urbanística.

Y ¿en qué punto se encuentra ahora el reparto obligatorio de menores migrantes entre comunidades autónomas?

Desde la aprobación del real decreto que permite el reparto obligatorio de menores migrantes en caso de emergencia humanitaria, el Gobierno central y el canario han continuado tramitando varios de los pasos burocráticos requeridos por la nueva normativa para arrancar con los traslados. Después de presentar las cifras de menores que tendrá que albergar cada comunidad, el Ejecutivo pretende comenzar los traslados entre finales de agosto y principios de septiembre, pese a que en un primer momento había marcado julio como fecha de inicio. La mayoría de estos chavales serán derivados a la Comunidad de Madrid, Andalucía y a la Comunitat Valenciana .

En este caso, el PP y sus gobiernos autonómicos sí se han mostrado totalmente en contra del reparto. Varios ejecutivos regionales, como Madrid y Aragón, han recurrido la normativa ante distintos órganos judiciales.

Si estos menores antes eran acogidos por las comunidades autónomas, ¿qué significa que ahora los solicitantes de asilo pasen al sistema estatal?

Hasta ahora, la acogida de todos los menores tutelados, independientemente de que fuesen españoles, migrantes o solicitantes de asilo, era responsabilidad de las comunidades autónomas. Por otro lado, la atención a los solicitantes de asilo sin recursos depende del Ejecutivo central, pero los menores demandantes de protección seguían siendo competencia autonómica pues primaba la condición de menor sobre la de cualquier otra. Esta sentencia, apelando a la saturación de las islas, abre la puerta a cambiar este criterio y que acabe pesando más su situación de demandante de protección que la de menor, un enfoque que suele preocupar a las organizaciones especializadas en infancia. En el caso de esta sentencia, los magistrados recalcaban la saturación de los centros en las islas como uno de los argumentos para ordenar que el Gobierno asumiera su responsabilidad sobre estos chavales.

Habrá que estar pendiente de las próximas sentencias del Supremo en este sentido, dado que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso también ha solicitado al Tribunal que el Ejecutivo central se haga cargo de la acogida de los solicitantes de asilo alojados actualmente en los centros de la Comunidad de Madrid.