El derecho fundamental a la buena Administración Pública y sus derechos componentes, junto a los deberes de los mismos ciudadanos, deben ser bien conocidos por las personas. Es más, en la medida en que sean bien conscientes de esta realidad, de su posición central en el sistema político y administrativo, entonces es posible que estemos en el momento de la verdadera reforma administrativa pues sin participación ciudadana, no es más que un precipitado de diversas dimensiones tecnocráticas por muy plurales y multidimensionales que sean.

En este sentido, la Carta Iberoamericana de los derechos y deberes de los ciudadanos en relación con la Administración pública de 2013 señala en el preámbulo que en la medida que la ciudadanía ponga en valor su condición central en el sistema público, más fác

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