En el municipio de Chihuahua, el tránsito vehicular y la operación semafórica son funciones que, aunque constitucionalmente le corresponden, han sido delegadas al Gobierno del Estado mediante convenios de coordinación que se renuevan administración tras administración. Esta cesión operativa ha generado una paradoja institucional: el municipio tiene la facultad legal para gestionar su sistema de tránsito, pero carece de control sobre su ejecución cotidiana. En tanto que el municipio de Juárez ha asumido plenamente sus atribuciones en materia de vialidad, con reglamentos propios y cuerpos de tránsito municipales; el de Chihuahua permanece sujeto a un modelo centralizado que limita su capacidad de respuesta ante problemas locales de movilidad, seguridad vial y planeación urbana. Esta situació

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