Por Vanesa Petrillo

La justicia suspendió la aplicación del decreto del gobierno en cuanto dispuso la posibilidad de cortar el suministro de agua potable en caso de falta de pago.

Se trata de una medida cautelar dictada por la jueza federal de San Martín Martina Forns en la que cuestionó severamente los artículos del decreto 493/25 que permiten el corte del servicio.

Para la jueza es “improcedente el cese del suministro de agua potable cuando la morosidad del usuario obedezca a una situación de vulnerabilidad social o cuando se trate de personas que, por sus condiciones particulares, a meriten una especial tutela jurídica al encontrarse en imposibilidad real de pago”.

La Justicia dispuso restablecer el agua si fue cortada

Por ello hace especial referencia a la protección de adult

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