La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha declarado constitucional el impuesto mínimo al tabaco, lo que implica que Tabacalera Sarandí, propiedad de Pablo Otero, conocido como el "Señor del Tabaco", deberá abonar más de 1.000 millones de dólares al Estado. Este fallo, firmado por los jueces Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti, Mariano Llorens, Patricia Moltini y Mario Boldú, pone fin a una prolongada batalla judicial que comenzó en 2018, cuando se sancionó la Ley 27.430 que regula los tributos al sector tabacalero.

La Corte revocó un fallo anterior de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal que había declarado inconstitucional el impuesto. En su resolución, el tribunal destacó que Tabacalera Sarandí no logró demostrar que la ley afectara su derecho de propiedad ni que fuera irrazonable. Los magistrados subrayaron que la definición de impuestos es competencia del Congreso y que estos tributos tienen un fin extrafiscal, es decir, buscan desincentivar el consumo de tabaco por sus efectos en la salud pública.

La disputa se originó cuando Otero argumentó que el impuesto mínimo perjudicaba a sus productos más económicos, haciéndolos menos competitivos frente a marcas premium. Sin embargo, la Corte enfatizó que el aumento de impuestos al tabaco es una medida reconocida por la Organización Mundial de la Salud como efectiva para reducir su consumo. Además, el tribunal rechazó una reciente presentación de Otero en la que intentaba desistir del juicio, alegando que se había acogido a un régimen de regularización de pagos, pero sin cumplir con los requisitos legales.

El fallo reafirma la potestad del Congreso para establecer políticas fiscales, incluso cuando estas tienen efectos en la salud pública. La Corte también criticó a la Cámara de Casación por introducir valoraciones ajenas a la función judicial y por no considerar la presunción de legitimidad de los actos legislativos. En resumen, la decisión de la Corte no solo resuelve la disputa entre Tabacalera Sarandí y el Estado, sino que también respalda el uso de impuestos como herramienta para proteger la salud de la población.