La Corte Suprema de Justicia cerró una de las disputas judiciales más largas y resonantes del sector tabacalero en la última década. En una sentencia unánime, declaró constitucional el impuesto mínimo al tabaco y obligó a Tabacalera Sarandí —la empresa que dirigió Pablo Otero, apodado el “Señor del Tabaco”— a pagar más de US$ 1.000 millones en concepto de deudas acumuladas desde 2018.

El fallo no solo implica un golpe financiero sin precedentes para Otero, sino que también marca un precedente en materia de política fiscal y de salud pública: la Corte ratificó que los impuestos al tabaco, fijados por el Congreso, son una herramienta legítima para reducir el consumo y que su impacto económico en las empresas no puede ser revisado por los jueces salvo casos de discriminación arbitraria o irr

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