La Corte Constitucional le dio luz verde al Decreto 466 de 2025 que creó un reconocimiento económico, de carácter temporal y excepcional, para los miembros de la Fuerza Pública que participaron en operaciones militares y policiales en la región del Catatumbo y otras zonas de Norte de Santander y Cesar durante el Estado de Conmoción Interior.

El alto tribunal declaró la exequibilidad del decreto al concluir que se enmarca en las «medidas que sean necesarias para el fortalecimiento de la fuerza pública».

El decreto estableció un pago del 15% de un salario mínimo mensual legal vigente para el personal que desarrolló operaciones en la zona delimitada por el Decreto 062 de 2025. Este beneficio económico no constituye factor salarial ni prestacional.

El objetivo, según el Gobierno, fue recono

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