El regreso de la presidenta Dina Boluarte al país luego de su visita a Japón e Indonesia, estuvo marcado por una decisión de alto impacto político: promulgar la ley de amnistía para policías y militares que participaron en la lucha contra el terrorismo entre 1980 y 2000, a pesar del pedido expreso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de suspender su trámite y del rechazo del Poder Judicial y el Ministerio Público.

La medida ha polarizado a la opinión pública. Para unos, es un acto de justicia y reconocimiento a quienes enfrentaron a las organizaciones terroristas que desangraron al Perú. Para otros, es una puerta abierta a la impunidad de violadores de derechos humanos, un retroceso en la lucha contra la violencia.

Más allá de las interpretaciones, esta ley coloca al Gobierno e

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