BUENOS AIRES (AP) — El caso del fentanilo contaminado de uso medicinal ha tomado ribetes escandalosos en Argentina a medida que aumentan las muertes de pacientes en hospitales y los familiares reclaman a la justicia que identifique a los responsables de una de las peores tragedias sanitarias en el país.

A tres meses del inicio de la investigación judicial no hay detenidos, ni acusados por la fabricación y distribución del medicamento adulterado y el caso comienza a ser salpicado por la política.

El gobierno del presidente Javier Milei advirtió que pedirá el apartamiento del juez a cargo de la investigación si no ordena la detención inmediata del dueño de los laboratorios investigados por haber distribuido el fentanilo adulterado. El magistrado es hermano del ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, gobernada por el peronismo, principal fuerza opositora a nivel nacional.

La actuación del órgano que supervisa la calidad de los medicamentos en Argentina, dependiente del gobierno nacional, también comienza a estar bajo escrutinio.

Es un opioide sintético que se aplica como analgésico para controlar el dolor severo que sufren pacientes de áreas como cuidados intensivos. En este caso, ampollas de fentanilo contaminado con dos bacterias fueron administradas a decenas de ellos en una veintena de hospitales. Considerado 50 veces más fuerte que la heroína, es además un producto de consumo recreativo.

La justicia sospecha que hasta ahora 87 pacientes de más de 20 hospitales públicos y privados han muerto a causa de fentanilo contaminado, mientras que hay nueve casos sospechosos. Eran personas internadas por distintas dolencias que fueron infectadas por dos bacterias causantes de enfermedades graves —como la neumonía— que estaban presentes en la droga, la cual recibieron a modo de analgésico o anestésico.

Los peritajes detectaron la presencia de las bacterias en los fallecidos y en dos lotes con fentanilo elaborados por los laboratorios investigados en diciembre de 2024. Desde enero, el lote 31.202 tuvo una alta circulación en hospitales. Del otro no se administró ninguna dosis y fue incautado.

Ariel García Furfaro reconoció que de los laboratorios salieron ampollas contaminadas, pero negó ser el responsable y apuntó contra un exsocio, indicando que habría adulterado el producto durante su proceso de elaboración. HLB Pharma Group comercializó la droga, aunque la fabricación estuvo a cargo de su subsidiario, Laboratorios Ramallo.

García Furfaro señaló además que los pacientes quizá se infectaron con bacterias intrahospitalarias.

El juez Ernesto Kreplak investiga el caso desde mayo, luego de que comenzaron a registrarse fallecimientos en el Hospital Italiano de la ciudad de La Plata. Tiene bajo la mira a 24 sospechosos, que son García Furtado y trabajadores de los laboratorios. No ha realizado ninguna acusación formal, aunque les ha dictado la prohibición de salir del país.

El juez ha ordenado al cuerpo médico forense de la Corte Suprema que desde el lunes analice 20 historias clínicas de fallecidos para determinar si murieron por la droga.

El gobierno denunció a García Fulfaro y Milei lo acusó la víspera de ser “socio” del kirchnerismo, el ala de centroizquierda del peronismo que gobierna en la provincia de Buenos Aires. Lo hizo durante la campaña para las elecciones legislativas de septiembre en ese distrito políticamente clave.

Milei dijo que no es ninguna “casualidad” que no haya detenidos, teniendo en cuenta que el juez es el hermano del ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak. El gobierno sostuvo que ese ministro y el gobernador de la provincia Axel Kicillof son clientes de los laboratorios.

En una declaración a The Associated Press, Kreplak contestó: “Le recuerdo al Sr. Presidente su obligación constitucional de abstenerse de interferir en una causa penal en curso. Suficientes omisiones y dificultades ha debido superar la investigación hasta ahora como para que, sobre ello, se pretenda politizar un trabajo judicial bien hecho. Respeto por las víctimas y las instituciones”.

Una comisión de la Cámara de Diputados pedirá explicaciones al Ejecutivo por la actuación de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), dependiente del Ministerio de Salud. Considera que esta es la peor intoxicación medicamentosa en el país desde la creación de dicho organismo en 1992.

El gobierno sostuvo que los laboratorios en la mira no eran inspeccionados por la ANMAT desde febrero 2020 y que en noviembre de 2024, ya bajo la administración de Milei, se inspeccionó Laboratorios Ramallo, productor de HLB Pharma.

Recientemente, entregó al juez una evaluación diciendo que varios lotes de fentanilo fueron elaborados “sin limpieza de áreas ni equipos ni accesorios críticos como mangueras".