De todos es sabido que no es precisamente el Gobierno español uno de los más decididos a la hora de combatir una «okupación» de viviendas que lleva ya demasiado tiempo convertida en flagrante agresión a derechos fundamentales como el de la propiedad privada, por mucho que desde la demagogia populista de nuestra izquierda pretenda relacionarse el asunto con una dificultad para el acceso a la vivienda en nuestro país que es más que evidente y para la que tal vez no se estén tomando las medidas adecuadas, empezando por las trabas de propietarios –no precisamente grandes capitalistas– para poder alquilar con un mínimo de garantías jurídicas.

En España hemos pasado durante los últimos siete años –los que lleva en el poder una coalición social comunista– de periodos de 13 meses para concretar d

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