La Unió Llauradora denuncia que aproximadamente un 6% de las parcelas afectadas por la dana del año pasado, ahora incorporadas al Dominio Público Hidráulico (DPH) , continúan sin recibir ayudas ni saber cuándo podrán cobrarlas, a casi diez meses del desastre. La organización reclama al Ministerio para la Transición Ecológica y a la Confederación Hidrográfica del Júcar mayor claridad jurídica y administrativa para estos casos, muchos con derechos reconocidos en la PAC y autorizaciones de riego, que se ven afectados económica y legalmente.

PÉRDIDAS ECONÓMICAS Y RETRASOS EN REPARACIONES EN ZONAS VITIVINÍCOLAS

La Unió exige una compensación justa que contemple el valor real del suelo, la pérdida productiva y el perjuicio sufrido, así como la conservación de derecho

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