La reciente explosión ocurrida en una calle trujillana es una fotografía nítida de una ciudad que se ha convertido en laboratorio de la violencia. Tres heridos, veinte viviendas dañadas y decenas de familias en zozobra son solo la última consecuencia de una disputa abierta entre bandas que operan con la familiaridad con la que antes lo hacía el comercio formal.

Tras la tragedia, las autoridades repiten el libreto de siempre: promesas de ayuda económica, visitas protocolares y fotografías para redes sociales.

Sin embargo, mientras la política se mantiene en solo administrar las consecuencias, las causas continúan intactas. Un sistema judicial saturado y vulnerable a la corrupción, una policía mal equipada y mal pagada, y un Estado que ha cedido el control territorial de varios barrios a l

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