La jueza Preska, encargada del caso, había determinado en junio que el juicio de US$ 16.100 millones se cancele con el 51% de las acciones que el Estado argentino tiene en la petrolera.

La defensa nacional recurrió a la Cámara de Apelaciones en busca de que se mantuviera en suspenso la transferencia de papeles de YPF, luego de una cautelar temporaria presentada a mediados de julio. La decisión de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito permite que la Argentina apele aquella decisión de Preska. Además de los US$ 16.100 millones, la condena de septiembre de 2023 tiene un interés diario mayor a los US$ 2 millones.

El juicio de YPF se inicia en 2015, tres años después de la expropiación. Burford Capital, que se dedica a comprar derechos de litigios, es el principal beneficiario del fall

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