La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York ha decidido que Argentina podrá esperar la apelación sobre la entrega de acciones de la empresa YPF sin necesidad de entregar esos títulos ni otras garantías. Este fallo, muy esperado, favorece al país sudamericano. Sebastián Maril de Latam Advisors explicó que "las acciones del gobierno en la petrolera podrán permanecer en la Caja de Valores mientras la Corte resuelve la apelación".

El ministerio de Economía de Argentina celebró la decisión, que también permite que el gobierno de Estados Unidos actúe como "amicus curiae" en el caso. El secretario de Finanzas, Pablo Quirno, tuiteó: "El tribunal de apelaciones en el caso YPF ha decidido aceptar la solicitud de Argentina, por lo que la orden del 30 de junio de 2025 queda suspendida mientras se resuelven las apelaciones".

Este caso se enmarca en el juicio por la expropiación de YPF, una decisión política tomada en 2012 durante la presidencia de Cristina Kirchner. La jueza Loretta Preska ya había condenado al Estado argentino a pagar una cifra multimillonaria que, con intereses, asciende a aproximadamente 18.000 millones de dólares. Burford Capital, un bufete inglés especializado en este tipo de litigios, es el principal beneficiario de esta condena.

Argentina había solicitado un "stay" o freno a la orden de Preska de entregar las acciones de la petrolera, que son del Estado (51%), a Burford mientras se decide la apelación. La Cámara falló a favor de Argentina, permitiendo que las acciones permanezcan en el país.

Esta medida es temporal, ya que el 25 de septiembre se presentarán escritos argumentales para la apelación formal. La primera audiencia para tratar la apelación de fondo está programada para la semana del 27 de octubre, tras las elecciones legislativas. Se espera que la Cámara decida, a principios del próximo año, si la condena de la jueza es válida.

Argentina argumentó que la entrega de las acciones no respeta el principio de cortesía internacional y que se viola su inmunidad soberana. Además, los abogados estadounidenses del país sostuvieron que "los demandantes no lograron demostrar la existencia de un perjuicio en caso de que se suspenda la entrega de las acciones". La ley argentina prohíbe la venta de estas acciones sin la aprobación del Congreso, lo que elimina el riesgo de "disipación" de los activos.

Por otro lado, Burford ha presentado otros pedidos, buscando negociar con Argentina, algo que no ha logrado en años. Uno de estos pedidos es el de "alter ego", donde el demandante intenta demostrar que el Estado y YPF son lo mismo, lo que permitiría cobrar la deuda de sus acciones.