La Fiscalía General de la Nación ha revelado un documento que expone un complejo organigrama criminal relacionado con un caso de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). En la cúspide de esta estructura se encuentra Carlos Ramón González, quien se encuentra prófugo en Nicaragua. González fue mano derecha del presidente Gustavo Petro y ocupó el cargo de director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre).

El informe, al que tuvo acceso la revista Semana, detalla los distintos niveles de responsabilidad dentro de esta red delictiva, calificándola como una "empresa criminal con vocación de permanencia". La pirámide criminal, encabezada por González, revela que desde la oficina del Dapre en la Casa de Nariño se impartieron órdenes que transformaron la Ungrd en un mecanismo para canalizar sobornos a congresistas.

Testimonios recogidos por la Fiscalía indican que las decisiones clave se tomaron en el despacho de González, lo que lo sitúa como el principal determinador del esquema. En el segundo nivel de la estructura aparecen figuras como Luis Fernando Velasco, exministro del Interior, y Ricardo Bonilla, exministro de Hacienda. La Fiscalía documentó la participación de Velasco a partir de la declaración de Sneyder Augusto Pinilla, quien lo identificó como el funcionario con quien Olmedo de Jesús López Martínez se comunicó durante una reunión en el hotel Grand Hyatt el 12 de diciembre de 2023.

El objetivo de esta reunión era manejar de forma confidencial la información sobre proyectos canalizados a través de Carolina Martínez. Además, se identificó a un subalterno de Velasco, conocido como Fernando, que habría servido de enlace entre el exministro y otros actores del escándalo, aunque su identidad completa aún no ha sido revelada mientras se recogen pruebas para su captura.

Ricardo Bonilla también enfrenta una imputación de cargos y ha sido señalado como el principal interlocutor entre el Gobierno y Olmedo López, exdirector de la Ungrd. Junto a Bonilla figuran sus exasesoras Andrea Carolina Ramírez y María Alejandra Benavides; esta última buscó un principio de oportunidad para colaborar como testigo en contra de su antiguo jefe.

Las conexiones de estas asesoras se extienden hacia otros protagonistas, como Jaime Ramírez Cobo, enlace del Dapre con ministerios y congresistas, y alcanzan a Fernando, el subalterno de Velasco, así como a directores de entidades públicas como César Manrique Soacha, quien también se encuentra prófugo, y Gerardo Vega Medina.

En el centro del organigrama, la Fiscalía situó a Sandra Liliana Ortiz, exconsejera para las Regiones del presidente Petro, acusada de coordinar la entrega de dinero a Iván Name, entonces presidente del Senado. Ortiz fue imputada y se le impuso una medida de aseguramiento. Aunque intentó obtener un principio de oportunidad para convertirse en testigo, la Fiscalía rechazó su propuesta. Entre las pruebas que aportó Ortiz figuran chats, documentos y su propia declaración, que incluyen detalles sobre la implicación de otros funcionarios, como el entonces secretario jurídico de Presidencia y actual magistrado de la Corte Constitucional, Vladimir Fernández.