
WASHINGTON (AP) — La izquierda ve el intento del presidente Donald Trump de asumir el control de las fuerzas del orden en Washington como parte de una marcha multifacética hacia la autocracia —un “gobierno autoritario vengativo”, como lo describió una activista— y como algo extraordinario en tiempos bastante normales en las calles de la capital. Para la derecha, es una decisión audaz para fracturar la corteza de la burocracia urbana demócrata y hacer de Washington D.C. un mejor lugar para vivir.
Donde se asiente el resultado de ese debate —si eso llega a darse— podría determinar si Washington, un símbolo para Estados Unidos en toda su férrea gloria, historia, logros, desigualdad y disfunción se convierte, bajo la impronta de Trump, en un modelo de cómo las ciudades se vigilan, limpian y gestionan —o se arruinan.
Bajo el nombre de su D.C. Safe and Beautiful Task Force (Fuerza Operativa para un D.C. Seguro y Hermoso), Trump desplegó unos 800 efectivos de la Guardia Nacional en las calles de Washington en la última semana y declaró desde el principio: “Nuestra ciudad capital ha sido tomada por bandas violentas y criminales sanguinarios”.
Lo áspero y extremo también estaba en su mente. “Si nuestra capital está sucia, todo nuestro país está sucio y no nos respetan”, agregó.
Luego, subió la apuesta al declarar el control federal del Departamento de Policía del distrito y nombrar a un comisionado policial de emergencia. Esto encendió las alarmas y causó que las autoridades locales presentaran una demanda para detener la iniciativa.
“Nunca he visto una sola medida gubernamental que suponga una amenaza mayor para la ley y el orden que esta peligrosa directiva”, dijo Pamela Smith, jefa del Departamento de Policía Metropolitana del Distrito de Columbia.
El viernes, el gobierno de Trump se retractó parcialmente de su intento de tomar el control del Departamento de Policía Metropolitana cuando un juez, escéptico de que el presidente tuviera la autoridad para hacer lo que intentaba, instó a ambas partes a alcanzar un acuerdo, lo cual lograron —al menos por ahora.
El Departamento de Justicia de Trump acordó dejar a Smith al mando, aunque seguía con la intención de dar instrucciones a su Departamento sobre prácticas policiales. En un nuevo memorando, la secretaria de Justicia Pam Bondi ordenó a la fuerza que cooperara con las autoridades federales de inmigración, independientemente de cualquier ley municipal.
En esta ciudad de marcada mayoría demócrata, a las autoridades locales y a muchos ciudadanos no les gustó el despliegue de la Guardia Nacional. Al mismo tiempo, reconocieron que el presidente republicano tenía derecho a ordenarlo debido a las facultades únicas del gobierno federal en el distrito.
Pero el intento de Trump de tomar el control formal del Departamento de Policía, por primera vez desde que Washington D.C. obtuvo cierta autonomía con la Ley de Autonomía del Distrito de Columbia de 1973, fue su límite.
Ha habido ocasiones en que el ejército estadounidense ha sido desplegado en calles estadounidenses, pero casi siempre ante un disturbio o un evento calamitoso como los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001. El uso de la fuerza por parte de Trump surgió de una emergencia que él ve y que las autoridades municipales —y muchos otros—, no.
Ajeno a los matices, Trump ha hablado de una emergencia para justificar gran parte de sus medidas: sus deportaciones de extranjeros, sus aranceles, el despliegue a corto plazo de tropas de la Guardia Nacional en Los Ángeles y ahora su agresiva intervención en la policía de Washington.
Washington sufre de delincuencia y una situación endémica de indigencia, como todas las ciudades del país. Pero no había nada como un incendio urbano que las masas consideraran que era indispensable sofocar. La delincuencia violenta ha disminuido, como en muchas ciudades estadounidenses.
Washington es también una ciudad de la que la mayoría de los estadounidenses se sienten dueños —o al menos, en la que tienen un interés propio. Más de 25 millones de ellos la visitaron en 2024, un año récord, además de más de 2 millones de personas del extranjero. Es donde los estudiantes de secundaria en excursiones escolares pueden ver lo que aprenden en clase —y quizá bailar a ritmo pop con el hombre del reproductor de música que tan a menudo está frente a la Casa Blanca.
Washington es en parte un parque temático federal, con sus edificios históricos y museos, y en parte un centro citadino donde los restaurantes y los cabilderos superan en número a cualquier presencia corporativa.
Los barrios abarcan desde el sitio donde Jeff Bezos estableció un récord de precio de compra de una vivienda hasta calles desfavorecidas en zonas económicamente deprimidas que también son imanes para las drogas y la delincuencia.
En 1968, la capital era una ciudad en llamas con disturbios. Veinte años después, una ola de asesinatos y una epidemia de crack avivaron la sensación de que era un lugar fuera de control. Pero en los últimos 30 años, la población de la ciudad y su riqueza colectiva han aumentado.
En ese contexto, el principal fiscal de Filadelfia, el fiscal demócrata de distrito Larry Krasner, criticó duramente las medidas de Trump en Washington.
“¿Hablas de una emergencia, en realidad?”, dijo Krasner como si se dirigiera al presidente. “¿O hablas de una emergencia porque quieres fingir que todo es una emergencia para que puedas desplegar los tanques?”.
En Washington, una coalición de activistas llamada Not Above the Law (No por Encima de la Ley) denunció lo que consideraron el nuevo intento de Trump para apoderarse de palancas de poder que no le corresponden.
“La avalancha de anarquía y actividades autocráticas se ha intensificado”, dijo Lisa Gilbert, copresidenta del grupo Public Citizen (Ciudadano Público). “Las últimas dos semanas deberían haber cristalizado para todos los estadounidenses que Donald Trump no se detendrá hasta que la democracia sea reemplazada por un régimen autoritario vengativo”.
A 80 kilómetros (50 millas) al noreste, en la ciudad importante más cercana, el alcalde demócrata de Baltimore criticó lo que consideró un esfuerzo de Trump por distraer a la opinión pública del sufrimiento económico y de “la caída de la posición de Estados Unidos en el mundo”.
“Todos los alcaldes y jefes de policía en Estados Unidos trabajan con nuestros agentes federales locales para realizar una gran labor —perseguir a los traficantes de armas, perseguir a las organizaciones violentas”, manifestó Brandon Scott. “¿Cómo el retirarlos de esa función, enviarlos a simplemente a patrullar las calles, hace nuestro país más seguro?”.
Pero Gregg Pemberton, líder del Sindicato de Policía de D.C., respaldó la intervención de Trump —si bien apuntó que no debería ser permanente.
“Estamos del lado del presidente al reconocer que Washington, D.C. no puede continuar en esta trayectoria”, dijo Pemberton. Desde su perspectiva, “la delincuencia está fuera de control y nuestros agentes están al límite de sus capacidades”.
La Ley de Autonomía del Distrito de Columbia permite al presidente invocar ciertos poderes de emergencia sobre el Departamento de Policía durante 30 días, tras los cuales el Congreso debe decidir si extender el período. El intento de Trump de utilizar esta disposición despertó el interés de algunos republicanos en el Congreso para darle aún más margen de maniobra.
Entre ellos, el congresista Andy Ogles, de Tennessee, redactó una resolución que eliminará el límite temporal del control federal. Esto, declaró a Fox News Digital, “le dará al presidente todo el tiempo y la autoridad que necesita para aplastar la anarquía, restablecer el orden y recuperar nuestra capital de una vez por todas”.
Lo anterior plantea una pregunta que Trump ha insinuado con vehemencia y que otros también se hacen: si hay éxito en el distrito —al menos, éxito a ojos del presidente—, ¿qué podría significar eso para otras ciudades estadounidenses que él piensa que necesitan ser corregidas? ¿Qué otra medida puede emprender el gobierno federal después?
___
El periodista de The Associated Press Marc Levy contribuyó a este despacho desde Harrisburg, Pensilvania.