En cualquier democracia seria, un prófugo de la justicia sería un asunto de Estado. En Colombia, bajo el gobierno de Gustavo Petro, terminó convertido en un huésped de lujo, en una sede diplomática. El caso de Carlos Ramón González no es un episodio aislado: es la radiografía de un poder que se sirve de las instituciones para blindar a los suyos y torcer la justicia cuando le conviene.

González no es un fugitivo cualquiera. Fue guerrillero del M-19, mano derecha del criminal y asesino Jaime Bateman. Llegó a dirigir la inteligencia del país y conoció los secretos más sensibles del Estado. Hoy carga con una investigación por el millonario robo a la UNGRD. Según Olmedo López, exdirector de esa entidad y testigo clave, fue él quien dio la orden de saquearla para financiar la presunta compra d

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