El Congreso de Perú se encuentra en una intensa discusión sobre la Ley de Amnistía, promulgada el 14 de agosto por la presidenta Dina Boluarte. Esta norma favorece a miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú (PNP) y comités de autodefensa, implicados en violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado interno entre 1980 y 2000. La ley ha generado un fuerte rechazo en diversos sectores del Parlamento, que consideran que representa un retroceso en la búsqueda de justicia para las víctimas.

El congresista Alfredo Pariona, de la Bancada Socialista, ha presentado el Proyecto de Ley N.º 12095/2025-CR, que busca derogar la Ley N.º 32419. Pariona argumenta que esta ley "representa un retroceso en la lucha por la justicia y la defensa de los derechos humanos, ya que otorga impunidad a quienes estuvieron involucrados en graves violaciones a los derechos humanos". Además, se basa en el compromiso del Perú con la Convención Americana de Derechos Humanos, que prohíbe las amnistías en casos de violaciones graves.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) también ha intervenido, recordando al Estado peruano que las amnistías son inadmisibles en casos de crímenes de lesa humanidad, como los de Barrios Altos y La Cantuta. La presidenta de la Corte, Nancy Hernández López, instó al Gobierno a frenar la promulgación de la ley y a los jueces a no aplicarla, para garantizar la justicia en estos casos emblemáticos.

La Comisión de Constitución, dominada por el fujimorismo, será la encargada de evaluar el proyecto de derogación. Este grupo también incluye representantes de otras bancadas, como Alianza para el Progreso y Perú Libre. La anterior gestión de la comisión, bajo el liderazgo de Fernando Rospigliosi, fue clave en la aprobación de la ley de amnistía.

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) ha alertado que la ley afecta a 156 casos con sentencia firme y más de 600 procesos judiciales en curso por graves delitos, como ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. La CNDDHH ha calificado la ley como "una afrenta al derecho a la verdad, la justicia y la reparación de miles de víctimas".

Entre los potenciales beneficiados por la ley se encuentran figuras como el exministro Daniel Urresti, condenado por el asesinato del periodista Hugo Bustíos, y Martín Rivas, jefe operativo del Grupo Colina, condenado por múltiples masacres. Ambos podrían acogerse a la amnistía al cumplir 70 años en los próximos años.

La promulgación de la ley coincidió con el aniversario de la masacre de Accomarca, donde entre 61 y 69 personas fueron asesinadas en 1985. La norma ha sido criticada no solo a nivel nacional, sino también por organismos internacionales como la ONU y la CIDH, que han instado a Perú a garantizar justicia para las víctimas y a no encubrir a los perpetradores.