Luego de cinco años de dormir en tribunales, arrancó finalmente un juicio oral que busca dilucidar el funcionamiento de un entramado de corrupción para encubrir la responsabilidad de uno de los dirigentes sindicales más poderosos del peronismo y su patota. Se trata del expediente que se desprendió de la investigación del asesinato del militante Mariano Ferreyra que participaba de una protesta contra la tercerización laboral en el primer gobierno de Cristina Kirchner.

El plan incluía a un exagente de inteligencia, integrantes de la Unión Ferroviaria, el estudio jurídico de un exjuez federal, empleados judiciales y miembros de la Cámara de Casación Penal . Se calcula que se pagaron al menos u$s 50.000 para frenar el proceso que terminó con la condena en 2013 del líder ferroviario

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