La Contraloría General de la República lanzó una ofensiva inédita contra la corrupción en el aparato estatal. A través de un oficio firmado por Dorothy Pérez, se instruyó a ministerios, municipalidades, gobiernos regionales, universidades estatales y empresas públicas entregar, en un plazo de 10 días hábiles, un detalle de las medidas de control interno aplicadas frente a hechos que ya están siendo investigados por la justicia.

El documento enumera una serie de episodios que han sacudido a distintas reparticiones públicas y que fueron detectados gracias a denuncias o pesquisas de las propias instituciones. En Calama, un funcionario fue acusado de cohecho por filtrar fiscalizaciones de patentes de alcoholes; otro utilizó una vivienda fiscal para guardar armas y dar refugio a una banda deli

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