La Contraloría General de la República ha lanzado una ofensiva sin precedentes contra la corrupción en el sector público. A través de un oficio firmado por Dorothy Pérez, se ha instruido a ministerios, municipalidades, gobiernos regionales, universidades estatales y empresas públicas a entregar, en un plazo de 10 días hábiles, un informe detallado sobre las medidas de control interno implementadas ante hechos que ya están siendo investigados por la justicia.

El documento menciona varios episodios alarmantes que han afectado a diversas instituciones públicas. En Calama, un funcionario fue acusado de cohecho por filtrar información sobre fiscalizaciones de patentes de alcoholes. Otro caso involucra a un empleado que utilizó una vivienda fiscal para almacenar armas y refugiar a una banda delictual. En Chillán, un funcionario fue detenido por la Policía de Investigaciones (PDI) tras ser sorprendido traficando drogas que debía incinerar.

En la región de Tarapacá, 13 funcionarios fueron arrestados por corrupción, cobrando a ciudadanos para evitar realizar los controles exigidos por la ley. Estos incidentes no son aislados. En Santiago, un funcionario fue detenido por cohecho, asociación criminal y ejercicio ilegal de cargo público. Otro fue condenado por negociación incompatible y cohecho, tras recibir pagos por adjudicar obras municipales de manera directa.

La lista de irregularidades es extensa. Nueve funcionarios en la capital fueron detenidos por soborno, cohecho y falsificación de documentos públicos, lucrando con la incautación y retiro de vehículos. En Puerto Aysén, tres funcionarios fueron capturados al intentar retirar una encomienda con droga. Además, cinco miembros de la Fuerza Aérea fueron sorprendidos usando aeronaves institucionales para transportar droga desde Iquique a Santiago, y seis funcionarios del Ejército fueron detenidos por encubrir a una banda de narcotráfico.

La Contraloría ha exigido que cada institución detalle sus controles preventivos, detectivos y correctivos, así como las fechas de ocurrencia, el número de involucrados, los procesos sumarios y las sanciones aplicadas. Fuentes cercanas a estas fiscalizaciones han señalado que "no se trata de perseguir a los funcionarios públicos", sino de evaluar la efectividad del control administrativo frente a las irregularidades que han sido descubiertas e investigadas.

El concepto "Alguien te mira", en referencia a una teleserie de 2007, ha sido utilizado para describir las decisiones que está tomando la Contraloría General de la República. La entidad ha comenzado a revisar de manera sistemática el funcionamiento administrativo de las reparticiones estatales, especialmente en aquellos casos donde se han denunciado irregularidades. Sin embargo, la pregunta clave que busca responder es: ¿qué se ha hecho para evitar que estos problemas se repitan?