El debate sobre una posible amnistía para militares y policías investigados por muertes durante las protestas de 2022 y 2023 ha generado tensiones en el Gobierno y el Congreso de Perú. El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Alcántara, expresó su desacuerdo con esta medida. En una entrevista reciente, Alcántara afirmó que “no podría estar de acuerdo porque las situaciones son totalmente diferentes”.

El ministro explicó que los hechos recientes aún están bajo investigación y no se han determinado responsabilidades por parte de la autoridad competente. “Estamos hablando de casos actuales, no podríamos hablar de amnistía mientras todavía no se hayan establecido las responsabilidades correspondientes”, indicó en RPP. Alcántara subrayó que la ley promulgada recientemente se refiere a una “persecución con un plazo irrazonable” contra agentes de seguridad implicados en el conflicto armado interno, mientras que los eventos de las manifestaciones contra el gobierno de Dina Boluarte son procesos en curso.

Desde el Congreso, el vicepresidente Fernando Rospigliosi, de Fuerza Popular, ha abordado el tema, señalando que se están realizando consultas para evaluar la viabilidad de un proyecto de ley sobre la amnistía. Rospigliosi mencionó que más de 350 militares y policías están siendo afectados por un “proceso injusto y fuera de lugar”. Además, destacó que la fiscalía ha creado un equipo de más de 74 personas para investigar a estos agentes de seguridad.

El congresista también comentó sobre las declaraciones de Alcántara, afirmando que “el ministro de Justicia no puede pronunciarse sobre un hecho que todavía no se ha producido”. Rospigliosi enfatizó que aún se están analizando los fundamentos de una posible propuesta legislativa.

Por otro lado, Amnistía Internacional (AI) ha rechazado la ley de amnistía ya promulgada, que beneficia a militares y policías procesados por delitos cometidos durante el conflicto armado interno entre 1980 y 2000. AI argumenta que esta norma “premia con impunidad a responsables de violaciones a los derechos humanos” y que cancelar investigaciones y juicios abiertos envía un mensaje de indiferencia hacia las víctimas que buscan justicia.

La situación sigue siendo objeto de intenso debate, con diferentes posturas en el Gobierno y el Congreso, mientras las investigaciones continúan.