El expresidente peruano Alejandro Toledo ha solicitado este lunes a la Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional su traslado a una clínica en Lima. Su estado de salud se ha deteriorado, presentando un cuadro de sangrados intermitentes. Durante una audiencia relacionada con su apelación a la condena de 20 años y seis meses de prisión por colusión y lavado de activos, Toledo se mostró visiblemente afectado.

"Ahora me encuentro muy complicado de salud", declaró, explicando que sus problemas médicos no surgieron en el penal de Barbadillo, donde está recluido, sino que ya existían durante su estancia en Estados Unidos. El exmandatario, de 78 años, detalló que ha experimentado síntomas graves, incluyendo una presión arterial de 190 grados y un diagnóstico de cáncer.

"Aquí se ha iniciado un proceso de sangrado, tengo un problema serio de ansiedad por el cual estoy tomando medicina, tomo 16 medicinas diarias", agregó. Toledo también mencionó que el Tribunal Constitucional había ordenado su traslado a una clínica especializada que tiene antecedentes sobre su historial médico.

"Aquí en esta prisión ha comenzado el tema de mis sangrados, que no son continuos", añadió. Recordó que presentó un habeas corpus hace dos años sin respuesta. "Me asusta el tema del sangrado y hace dos años presenté un habeas corpus ante el juez de Ate Vitarte y no ha sido atendido. El TC recientemente ha emitido una orden para que me lleven a la clínica San Pablo", manifestó.

Toledo reiteró su inocencia y afirmó que tiene pruebas que lo respaldan. "Voy a presentar evidencias contundentes de que nunca fui parte de este tramado que han hecho este señor Maiman", dijo. También mencionó que en Estados Unidos recibió tratamiento para su cáncer, que ha vuelto a manifestarse.

La Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional debe decidir si ratifica la condena dictada en octubre de 2024 por el Segundo Juzgado Penal Colegiado Nacional. Este tribunal consideró que Toledo favoreció a Odebrecht en la concesión de los tramos 2 y 3 de la Carretera Interoceánica entre 2004 y 2005.

El fallo, leído por la magistrada Inés Rojas, sostiene que Toledo se coludió con Odebrecht para otorgar a la empresa brasileña la licitación a cambio de un soborno de 35 millones de dólares, causando perjuicio al Estado. Además, se impusieron penas a otros exfuncionarios y empresarios involucrados en el caso.