La Casa de Nariño ha aprobado una inversión millonaria destinada a proteger a líderes de grupos criminales en Colombia, mientras que mandatarios locales solicitan medidas de seguridad ante la creciente violencia en sus regiones. Sin embargo, el Gobierno ha respondido que no hay recursos suficientes para proteger a estos líderes sociales. Documentos oficiales revelan que miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y de las disidencias de las Farc han recibido camionetas de alta gama financiadas por el Estado para su transporte en áreas donde operan.

La inversión no solo incluye la adquisición temporal de vehículos, sino también un bono mensual de combustible y escoltas de la Unidad Nacional de Protección (UNP). Según el Gobierno de Gustavo Petro, durante 2024, seis integrantes del ELN se beneficiaron con siete vehículos, cuyo arrendamiento mensual alcanzó los 106.836.925 pesos, además de 7.981.370 pesos en gasolina y 15 escoltas.

Por ejemplo, alias Antonio, un líder del ELN en el Catatumbo, recibió dos camionetas arrendadas por 16.238.113 pesos cada una, junto con un bono de combustible de 1.150.000 pesos y dos escoltas. Por su parte, alias Violeta, implicada en el atentado en el centro comercial Andino de Bogotá, recibió un bono de combustible de 1.050.000 pesos y un guardaespaldas.

Las disidencias de las Farc también se beneficiaron, recibiendo diez camionetas con un arrendamiento mensual de 199.448.324 pesos, 9.040.158 pesos en bonos de combustible y 25 escoltas. Alias Andrey, responsable de actos violentos en el Catatumbo, recibió dos camionetas arrendadas por 26.417.357 pesos cada una, además de un bono de combustible de 789.041 pesos y cuatro escoltas.

Informes de inteligencia indican que estos vehículos y recursos del Estado podrían estar siendo utilizados para actividades delictivas. "Estos vehículos son utilizados para moverse sin ninguna persecución por el país. Mueven armamentos y cocaína", afirmó una fuente de las Fuerzas Militares.

Yesid Barragán, presidente de la Asociación Sindical de Empleados de la Protección, criticó la situación: "Líderes sociales y alcaldes piden protección para ellos, y se les dice que no hay para ellos. No es justificable que el Gobierno sí esté protegiendo a los criminales en medio de la paz total".

El Gobierno ha destinado 6.050.000.000 de pesos del Fondo de Programas Especiales para la Paz para continuar con estas protecciones, y la UNP aportará 467.762.510 pesos en especie. La Oficina del Alto Comisionado para la Paz será responsable de seleccionar a los beneficiarios de esta protección, reportando mensualmente quién sigue comprometido con las negociaciones. Actualmente, hay cuatro mesas de diálogo y cinco espacios sociojurídicos activos, aunque no han mostrado resultados significativos para la población colombiana.