La condena a Álvaro Uribe demostraba que nadie estaba por encima de la Ley

Anuncios.

En un Estado Social de Derecho que se precie de tal, no hay prerrogativa más sagrada que la sujeción de todos los ciudadanos —sin excepción— al imperio de la ley. En ese sentido, el juicio al expresidente Álvaro Uribe Vélez, cuyo desenlace en primera instancia ha sido una sentencia condenatoria de doce años por los delitos de soborno a testigos en actuación penal y fraude procesal , constituye una muestra —todavía inusual en nuestras latitudes— del ejercicio efectivo del principio de juridicidad en el derecho colombiano.

No se trata de una vendetta política ni de una anomalía institucional, sino de la aplicación rigurosa de las normas penales, sustantivas y procesales, conforme a un método que la propia dogmática ha forjado para preservar las garantías del imputado y los der