El Proyecto de Ley del Procedimiento Especial de Interdicción Marítima (PEIMAR), radicado en el Congreso por el Ministerio de Defensa con apoyo de Justicia e Interior, ha generado un intenso debate porque otorga al cuerpo de guardacostas de la Armada Nacional facultades especiales de Policía Judicial para capturar en altamar, incautar bienes y asegurar pruebas en operaciones de interdicción, incluso en aguas internacionales.

Según el texto oficial, esas funciones serían “ especiales y restringidas” y se articularían con la Fiscalía y la Rama Judicial para garantizar los derechos de los capturados, quienes permanecerían en las unidades de superficie hasta que sean puestos a disposición de un juez mediante medios tecnológicos. Pero el alcance de esas atribuciones divide opiniones.

Camilo R

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