La ONG Provea exigió este miércoles una medida humanitaria y la liberación de la activista venezolana y presidenta de Control Ciudadano, Rocío San Miguel, quien permanece detenida desde febrero de 2024 tras ser acusada de tener un supuesto vínculo con una «trama conspirativa» que buscaba «atentar» contra el presidente Nicolás Maduro y altos funcionarios.

A través de X, Provea indicó que San Miguel fue acusada y presentada ante un tribunal contra el terrorismo en Caracas «sin derecho a designar a sus abogados de confianza».

«El Gobierno de Maduro la acusa de ‘terrorismo’ y ‘traición a la patria’ por su labor en Control Ciudadano, donde documentaba, investigaba e informaba sobre defensa, soberanía nacional y temas militares», subrayó la organización no gubernamental, que exigió el «respeto

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