La Sala Superior del Tribunal Electoral ha validado la elección de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), desestimando el proyecto del magistrado Reyes Rodríguez que buscaba anularla. La decisión se tomó al considerar que las pruebas sobre el uso de acordeones en la campaña electoral eran insuficientes. La votación resultó en tres magistrados a favor de la legalidad de la elección y dos en contra.

Reyes Rodríguez argumentó que se había demostrado la existencia de una estrategia ilícita de propaganda, con 3,188 acordeones impresos y 374 pruebas digitales. "Existió una estrategia ilícita, coordinada, sistemática y generalizada de distribución de acordeones que tuvo el propósito de influir en el voto de la ciudadanía", afirmó. Sin embargo, la mayoría del tribunal, compuesta por la presidenta Mónica Soto y los magistrados Felipe Fuentes y Felipe de la Mata, rechazó su propuesta.

El proyecto de nulidad de Rodríguez se basó en las impugnaciones de cuatro candidatos derrotados y un recurso amicus curiae. En él se argumenta que la operación acordeón, que consistió en la distribución de guías de voto, tuvo un impacto significativo en los resultados electorales. Se identificó que los candidatos más votados aparecían repetidamente en los acordeones, lo que sugiere una estrategia orquestada por los partidos políticos del oficialismo.

El magistrado Reyes Rodríguez concluyó que la elección fue producto de una operación ilícita, que incluyó financiamiento prohibido y violaciones a principios constitucionales. A pesar de la falta de pruebas directas sobre la participación de funcionarios en la elaboración de los acordeones, Rodríguez sostiene que las pruebas indirectas son suficientes para demostrar la existencia de irregularidades.

El proyecto de sentencia propone anular la elección y revocar los acuerdos del Consejo General del INE que otorgaron las constancias de mayoría a los candidatos electos. Si se aprobara, el Senado tendría que organizar una elección extraordinaria para reponer los comicios anulados. Esta situación plantea un escenario inédito en la historia electoral de México, donde se eligieron no solo a los nuevos ministros, sino también a más de 800 magistrados y jueces.