El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha explicado en su cuenta de X las razones que justifican la decisión de Nicaragua, bajo el mando de Daniel Ortega, de otorgar asilo político a Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre). Petro identificó dos motivos principales: el distanciamiento político e ideológico con Ortega y la trayectoria de González como combatiente del M19 en la revolución nicaragüense contra Somoza.

El mandatario colombiano afirmó: “Se debe a dos razones poderosas. Que le den asilo a Carlos Ramón: 1. Ortega no quiere a Petro, porque denuncia que se volteó contra los sandinistas que hicieron la revolución contra Somoza. Y 2. porque Carlos Ramón González fue de cuerpo entero, como parte de la comisión combatiente del M19 a luchar en la guerra en Nicaragua, contra el dictador Somoza.”

Carlos Ramón González, quien es una figura cercana a Petro, es un exmilitante del Movimiento 19 de Abril (M19), una organización guerrillera desmovilizada en Colombia. Durante la guerra civil nicaragüense, los miembros del M19 se integraron al Ejército Popular Sandinista. Petro destacó que los oficiales del M19 fueron incorporados a las fuerzas militares sandinistas con grados especiales, lo que ha influido en la percepción de las autoridades nicaragüenses sobre González.

La decisión de Nicaragua ha generado una rápida respuesta del Gobierno colombiano. En un comunicado conjunto, los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Justicia expresaron su desaprobación, señalando que González Merchán es requerido por la justicia colombiana por delitos relacionados con el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). El comunicado subrayó que “Colombia reconoce y respeta la figura del asilo concedido a personas que tengan justificación para solicitarlo de acuerdo con los instrumentos internacionales de los cuales el país hace parte”, pero advirtió que “este derecho no podrá ser invocado por personas respecto de las cuales existan motivos fundados de que han cometido delitos comunes”.

González enfrenta cargos por cohecho, peculado por apropiación agravado y lavado de activos. Las autoridades colombianas solicitaron su extradición a Nicaragua tras confirmar su residencia en ese país. La solicitud fue presentada a través de la embajada colombiana en Managua, junto con las pruebas recolectadas por la Fiscalía General de la Nación. Sin embargo, Nicaragua rechazó la solicitud, argumentando que la protección internacional ofrecida a González se basa en su constitución y en convenios internacionales sobre derechos humanos.

El gobierno de Ortega ha declarado que no entregará a González a un país donde su integridad pueda estar en riesgo por razones políticas. El comunicado colombiano advirtió que la decisión de Nicaragua ignora los compromisos del Tratado de Extradición de 1929, que obliga a la entrega de personas procesadas o condenadas por la justicia de cualquiera de los dos países.

Colombia ha reiterado su solicitud de reconsiderar la medida para que González pueda enfrentar la justicia en su país. Mientras tanto, las investigaciones en Colombia continúan para determinar si hubo complicidades en la salida de González y en los trámites para su residencia en Nicaragua. Testimonios de exfuncionarios implicados en el escándalo de la Ungrd sugieren que hubo reuniones y directrices en la Casa de Nariño relacionadas con contrataciones y distribución de recursos, en las que se menciona a Carlos Ramón González.

El futuro judicial de González depende de la negativa de Nicaragua a conceder su extradición, mientras el gobierno colombiano insiste en que debe rendir cuentas por los delitos que se le imputan. Las autoridades han enfatizado que el proceso contra González sigue activo y que la información sobre el caso ha sido enviada a instancias internacionales pertinentes.