Agricultores y ganaderos reclaman que se aceleren las ayudas por parte de todas las administraciones implicadas y anticipan nuevas protestas en otoño

Del negacionismo ultra a los recortes en prevención de incendios: el debate político sobre la emergencia climática

Los incendios de este mes de agosto han sumido a los profesionales del campo de las zonas afectadas en una sensación de “soledad e indefensión” que se acrecienta con la exigencia de hacer números y ver a cuánto ascienden las pérdidas. De entrada, las calculan en cientos de millones de euros, pero advierten de que aún no es posible determinarlas con exactitud porque dependerá de la superficie quemada y de los animales afectados.

Lo que sí ven claro agricultores y ganaderos es que el daño provocado por las llamas, la gestión de las labores de extinción y la que consideran una evidente falta de prevención contribuyen a aumentar el malestar que se vio en las protestas del sector primario de los últimos años. Una movilización que, aseguran, volverá a repetirse este otoño. No lo hará solo por los incendios, sino también por el diseño por parte de Bruselas de la nueva Política Agrícola Común (PAC) anunciada, también, este verano.

“Los incendios que estamos viviendo no se pueden apagar con medios del siglo pasado”, critica Lorenzo Rivera, coordinador general de la organización agraria COAG en Castilla y León. “Son las consecuencias de la política errónea de la UE”, argumenta. “No hablamos solo de zonas rurales despobladas, aunque hubiera gente, no nos dejan hacer limpieza del monte. Es un polvorín, es absurdo, necesitamos una respuesta coordinada de las comunidades autónomas, del Gobierno Central y de la UE”, resume.

Más allá del patente malestar, en el que se entremezclan las críticas políticas, las organizaciones agrarias ya han comenzado a calcular las pérdidas. En el caso de la citada Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos las cuantifican en más de 600 millones de euros, aunque ese es solo el punto de partida.

Golpe para la apicultura

“Sabemos que hay muchas cabezas de ganado desaparecidas”, explica Lorenzo Rivera. “Aquí se ha quemado monte y monte bajo y se ha dañado mucho la apicultura. Aún no es posible valorarlo todo”. Por ejemplo, calcula que ya se habrían perdido 7.000 colmenas, pero esta cifra, apunta, irá a más. “Las abejas no van a tener comida, al menos, durante un año y no va a haber producción de miel en una zona que es muy importante”. Algo que repercute en un sector ya dañado como es la apicultura.

De momento, hay que esperar para ver cuánto se ha quemado. “Cuando todo sean cenizas, veremos qué poso queda”, indican fuentes de las organizaciones agrarias. El propio ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, asumió este jueves que todavía no es posible calcular el daño. “Es muy difícil hacer una cifra final”, reconoció en una entrevista en RTVE. “Necesitamos tener una fotografía y ver la situación”, añadió. Planas adelantó que la próxima reunión sectorial del Ministerio con las comunidades autónomas está prevista para principios de septiembre.

El ministro también apuntó que la superficie agraria directa afectada en Castilla-León, Extremadura y Galicia puede ser limitada, al menos, de momento. Por ejemplo, la cosecha de cereales ya está recogida, pero no pasa lo mismo con otros cultivos, ni con la ganadería, donde no solo se han perdido animales, también las tierras donde comen. Señaló su “preocupación” por el viñedo en las Denominaciones de Origen de Monterrei y Valdeorras, por “el olivar, el almendro, los cítricos y la ganadería extensiva, que tiene que cambiar de lugar donde come y hay que recurrir al forraje, que es mucho más caro”.

¿Qué pasos hay que dar tras los incendios?

A quienes han sufrido los incendios les toca denunciar ante la Guardia Civil el daño sufrido en los terrenos, con fotos geolocalizadas, necesarias para el peritaje de los seguros y el acceso a indemnizaciones y posibles ayudas, explican desde las organizaciones agrarias. En el caso del ganado, añaden las citadas fuentes, hay que calcular las cabezas afectadas, para lo que los ganaderos y ganaderas tienen que contactar con las unidades veterinarias que les corresponda. “Es un trabajo arduo que, ahora mismo, es el que menos queremos hacer porque estamos muy afectados”, indica un apicultor, que prefiere no dar más detalles sobre cuánto ha perdido.

Respecto a los pasos más inmediatos, Planas señaló en la citada entrevista al “seguro agrario” porque “cubre el riesgo de incendio” y “está subvencionado por el Estado en un 40%”, También mencionó “ayudas directas de la PAC”. “Quiero trasladar que si una superficie se ha visto afectada [por los incendios] es [situación de] fuerza mayor” por lo que las ayudas de la PAC previstas para esas explotaciones “se reciben exactamente igual”, afirmó.

“Los distintos ministerios trabajaremos en las respuestas, en las coberturas que se han hecho y se pueden hacer. Vamos a ver cada cosa qué cobertura tiene, si es seguro industrial o agrario”, desglosó Luis Planas. También recordó que “la competencia agraria y ganadera es responsabilidad de cada comunidad autónoma. Evidentemente, desde el Gobierno de España vamos a colaborar. Vamos a hacer lo que sea necesario”.

De momento, Agroseguro –la Agrupación Española de Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados– calcula en 2,8 millones las indemnizaciones, por los incendios de este año, hasta el momento, según recoge Europa Press. En 2022, considerado el peor año para el sector primario en cuanto a superficie quemada, las indemnizaciones rozaron los cuatro millones de euros.

Provisiones de alimento y ayudas

El sector va un paso más allá y reclama acelerar las ayudas. La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) insta a que la actuación sea inmediata. “Estamos ante un panorama desolador. Si no se actúa, las consecuencias para miles de familias rurales serán irreparables”, asegura el secretario general de UPA, Cristóbal Cano. Esa actuación pasa, para esta organización, por poner en marcha una “provisión de alimento y agua de forma urgente para los animales que han sobrevivido a los incendios, la revisión de las restricciones autonómicas que impiden el pastoreo en terrenos incendiados durante largos periodos y ayudas directas para agricultores y ganaderos afectados”.

En cuanto a estas, ante la duda de cómo se pueden materializar, fuentes del sector aseguran que ya hay mimbres sobre su definición. Hacen referencia a las aprobadas hace dos años por la sequía. Entonces, las ayudas directas del Estado para paliar los efectos del cambio climático en la economía de agricultores y ganaderos superaron los 630 millones de euros. También se subvencionó cerca de un 70% el coste de las pólizas de los seguros.

Además, en el caso de UPA, ha solicitado a la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, que las organizaciones y colectivos del sector agrario formen parte del Pacto de Estado para la mitigación y adaptación a la Emergencia Climática que ha propuesto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Esta organización agraria entiende que estos colectivos son quienes pueden aportar “experiencia y conocimiento y así poder enriquecer las mesas de debate y trabajo que deriven del mismo”. Señalan, por ejemplo, el efecto que ha tenido en el campo la reducción de la ganadería extensiva, clave para el mantenimiento del territorio. También, el abandono de las explotaciones familiares, que ha derivado en la desprotección de muchas zonas rurales.