Cinco personas fueron judicializadas tras ser señaladas de integrar una red delictiva dedicada a la grabación y difusión de material de abuso sexual infantil a través de plataformas de mensajería instantánea.

La investigación fue liderada por la Fiscalía General de la Nación en articulación con la Dirección de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional (Dipro), y permitió evidenciar que algunos de los contenidos eran grabados o transmitidos en tiempo real desde Bucaramanga (Santander), El Banco (Magdalena), Chiriguaná (Cesar) y municipios del departamento de Córdoba.

Entre los capturados se encuentra una mujer de nacionalidad venezolana, acusada de haber sometido a su hija y a su nieta, de 5 y 11 años, a agresiones sexuales que eran retransmitidas en vivo. Las niñas fueron

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