Un ataque contra un helicóptero de la Dirección de Antinarcóticos de la Policía en la vereda El Toro, en Amalfi, ha dejado un saldo trágico de 12 policías muertos y cuatro heridos. Este ataque, atribuido a disidencias de las Farc, ha reabierto el debate sobre la seguridad en el Nordeste de Antioquia. La Gobernación de Antioquia había alertado sobre la situación crítica en esta zona meses antes del ataque.

Desde principios de junio, la administración departamental había advertido al Gobierno Nacional sobre el deterioro de la seguridad en Amalfi. El secretario de Seguridad de Antioquia, general (r) Luis Eduardo Martínez, envió una carta al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, el 4 de junio, solicitando un refuerzo militar urgente. En la misiva, Martínez destacó la creciente inseguridad y el temor entre la población civil, señalando que la situación requería un despliegue sostenido de tropas.

El secretario enfatizó que el objetivo no debía limitarse a operativos puntuales, sino a establecer un control territorial efectivo. En su comunicación, Martínez mencionó que en la vereda se concentraban disputas entre varias estructuras armadas ilegales, incluyendo disidencias de las Farc, el ELN y el Clan del Golfo.

A pesar de estas advertencias, el refuerzo militar solicitado no se materializó. Dos meses y medio después de la carta, se produjo la emboscada contra los policías que realizaban labores de erradicación de cultivos ilícitos. El ataque al helicóptero que los evacuaba evidenció la falta de respuesta a las solicitudes de seguridad.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, criticó la falta de atención del Gobierno Nacional a las advertencias previas. "Ese comunicado, esa advertencia, quedó en el olvido como los ya casi cientos que han enviado mi general Martínez", afirmó. La recuperación de los cuerpos de los uniformados estuvo marcada por nuevos enfrentamientos entre la fuerza pública y los grupos ilegales en la zona, aumentando la tensión y la dificultad para ejercer control territorial.

Rendón reiteró la necesidad de una coordinación interinstitucional, subrayando que se trata de un asunto de vida y muerte. Además, identificó a los responsables del ataque, señalando que fue ejecutado por disidencias de las Farc bajo el mando de Alexánder Díaz Mendoza, alias Calarcá. La situación de orden público en el Nordeste antioqueño ha sido advertida en múltiples ocasiones, pero los recientes hechos han puesto de manifiesto la vulnerabilidad de las comunidades y la fuerza pública en la región.