BOGOTÁ (AP) — Los drones acondicionados con explosivos se han convertido en un arma cada vez más usada por los grupos armados ilegales en Colombia, por lo que las autoridades investigan si sirvieron para atacar un helicóptero derribado el jueves en un operativo de erradicación de hojas de coca en el que 13 policías murieron y al menos tres más fueron heridos.

Según la policía, agentes expertos en erradicación manual de hojas de coca realizaban labores en una zona rural de Amalfi, en el departamento de Antioquia —en el noroeste del país—, cuando fueron atacados por miembros de una estructura ilegal con explosivos y disparos, por lo que un helicóptero fue enviado para apoyarlos. La aeronave también terminó siendo atacada.

Videos divulgados en redes sociales por autoridades locales muestran el momento en que sale una columna de humo del helicóptero cuando parecía haberse precipitado a tierra.

El director de la policía, mayor general Carlos Fernando Triana, detalló el viernes a la prensa que el ataque a sus uniformados en tierra y aire incluyó uso de drones y artefactos explosivos como lanzacohetes artesanales con dinamita, pero no confirmó que un dron hubiera producido el derribo del helicóptero.

Triana atribuyó la autoría del ataque a una disidencia de la antigua guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) al mando de alias “Calarcá”, que no se acogió al acuerdo de paz firmado con el Estado en 2016.

Las disidencias de las FARC también fueron responsabilizadas de detonar un carro bomba el jueves en Cali, en el suroeste, matando a seis civiles e hiriendo a más de 70 personas que circulaban a plena luz del día en los alrededores de una escuela de aviación militar.

Las disidencias han mostrado su capacidad letal en un momento en que la política gubernamental de paz no está en su mejor momento. El presidente Gustavo Petro, el primero de izquierda en el país, ha intentado diálogos con casi todos los grupos armados, incluida las disidencias, sin tener éxito.

Los drones usados como arma han cambiado en los últimos meses la dinámica del conflicto armado en el país, que lidia con múltiples grupos ilegales que se disputan el dominio de territorios estratégicos para economías ilícitas como el narcotráfico.

“Ahora todos los grupos utilizan drones y la fuerza pública no tiene sistemas suficientes para contrarrestarlo, porque son costosos y se requieren en todos los lugares donde hay riesgo, algo muy difícil de conseguir en el corto plazo”, aseguró a The Associated Press Elizabeth Dickinson, analista senior para Colombia del International Crisis Group.

En 2024 se registraron 108 ataques con drones perpetrados por estructuras ilegales que dejaron un militar asesinado y 26 heridos. Mientras, en lo que va de 2025 hubo 118 ataques que han causado la muerte de nueve militares y herido a 83 más, según cifras dadas por las Fuerzas Militares a AP. Las cifras no incluyen a los civiles que también han sido víctimas.

El año pasado murió en un ataque con un dron un niño de 10 años cuando jugaba al fútbol en una cancha del convulso corregimiento de El Plateado, en el suroeste. Las autoridades señalaron entonces a las disidencias.

Desde enero el gobierno busca implementar un plan para tener un sistema anti-drones que permita contrarrestar ataques especialmente en instalaciones militares, redes de energía y centros poblados. Los militares también iniciaron el desarrollo en el país de un dron de reconocimiento y ataque para operaciones militares.

Las autoridades han reportado que los drones son usados por ilegales para lanzar explosivos, pero también para vigilar a las tropas del ejército y monitorear las zonas para, por ejemplo, sacar cargamentos de droga.

El ejército ha reportado hallazgos de granadas artesanales que iban a ser usadas por disidencias de las FARC para ser lanzadas desde drones. En agosto de 2024 se hallaron 800 granadas que constaban de un tubo, aletas en la parte inferior y en su interior llevaban pólvora y metralla.

Dickinson indicó que los ilegales suelen comprar drones en el mercado comercial y luego los acondicionan para llevar explosivos. "No es algo refinado, ni tienen capacidad de precisar cuándo va a explotar, sino que lo cargan y explota al azar. No hace discriminación de la población civil”, explicó.

Will Freeman, investigador de Estudios Latinoamericanos en el Consejo de Relaciones Exteriores, advirtió a AP que es probable que los grupos ilegales realicen “exhibiciones tácticas de violencia” a medida que se acercan las elecciones legislativas y presidenciales de 2026.

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García Cano reportó desde Ciudad de México.