Toledo se posicionó en 2024 como la 30ª ciudad más visitada de España, recibiendo 622.804 turistas que pernoctaron en la ciudad, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). Este aumento en el flujo turístico ha generado tensiones entre residentes y visitantes, un fenómeno que se observa en muchas ciudades costeras y turísticas del país. Para abordar esta situación, el Ayuntamiento de Toledo ha propuesto una nueva ordenanza municipal que busca regular el tránsito de grupos turísticos.

La ordenanza, que fue aprobada en primera instancia y se espera que reciba la aprobación definitiva en septiembre, incluye varias disposiciones. Entre las más destacadas se encuentra la regulación de los desplazamientos en grupos, con el fin de evitar congestiones en las calles del casco histórico y garantizar el acceso a viviendas y comercios. Una de las preocupaciones principales es el descanso nocturno en el centro urbano. Por ello, se prohíbe el uso de megafonía en visitas guiadas a partir de las 23:00 horas y se exige el uso de sistemas de audio individuales para grupos de más de 30 personas, exceptuando a los grupos escolares.

Las infracciones a esta normativa podrán ser sancionadas con multas que alcanzan hasta los 3.000 euros. Esta medida representa un cambio significativo en el modelo turístico de la ciudad, obligando a operadores y visitantes a adoptar comportamientos más respetuosos con la convivencia. El concejal de Turismo, José Manuel Velasco, destacó en el pleno municipal del 27 de julio que “esta ordenanza no va contra nadie, lo único que busca es regular una actividad importante en la ciudad de Toledo y que afecta a la convivencia con los toledanos”.

Sin embargo, algunos sectores del turismo han expresado su descontento con la nueva normativa. Los guías de los llamados “free tours” han manifestado su oposición, ya que la ordenanza prohíbe el uso de paraguas de colores, un elemento común para agrupar a los participantes en estas visitas.

Las medidas adoptadas en Toledo no son únicas en el país. Otras ciudades españolas también están implementando restricciones para gestionar el turismo y proteger su patrimonio. En Segovia, por ejemplo, se han establecido sanciones de entre 750 y 3.000 euros para quienes dañen el Acueducto romano, un monumento del siglo II. En las Baleares, se estudia aumentar el impuesto turístico de 2 a 6 euros diarios por persona en temporada alta y crear tasas adicionales para vehículos vacacionales.

La presión turística también afecta al mercado de la vivienda en Ibiza, donde la dificultad para acceder a un alquiler ha llevado a muchas personas a vivir en autocaravanas. Las sanciones por estacionar sin autorización pueden llegar hasta los 40.000 euros. En Málaga, los turistas deben cumplir con normas sobre vestimenta y el uso de patinetes, con multas de hasta 700 euros por incumplimiento. En Marbella, orinar en la playa o en el mar puede resultar en sanciones de hasta 1.500 euros. Además, el uso de altavoces está prohibido en algunas playas, lo que obliga a los visitantes a escuchar música de manera individual para evitar multas.