La debilidad parlamentaria, los choques con Junts y las investigaciones judiciales trastocan los planes del Ejecutivo que sigue sin aprobar Presupuestos ni las principales leyes prometidas a las puertas de su tercer curso político

La agenda del Gobierno avanza a cuentagotas en su peor momento

“España ha sido bien clara. España y todos los ciudadanos que han votado han sido meridiana y rotundamente claros: el bloque involucionista de retroceso que planteaba una derogación total de todos los avances que hemos logrado en los últimos cuatro años ha fracasado. ¡Ha fracasado!”, proclamó eufórico Pedro Sánchez desde un escenario improvisado en la sede del PSOE de la calle Ferraz de Madrid el 23 de julio de 2023. Acababan de conocerse los resultados de las elecciones generales que se celebraron aquel día y, en contra de casi todos los pronósticos, la suma de PP y Vox, que había sido suficiente semanas antes en la mayoría de autonomías, no consiguió los votos y escaños necesarios como para poder desbancar a la izquierda de la Moncloa.

Pese al entusiasmo de Sánchez y sus socios aquel 23J, el escenario político que dibujaron esos comicios se demostró enseguida extremadamente complejo para el propio líder del PSOE. PP y Vox sumaron 169 diputados, siete menos de los 176 que se necesitan para alcanzar la mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados. Junto con UPN, que siempre apoya a las derechas, alcanzaron los 170. Pero aún más lejos se situó la suma de PSOE y Sumar, las dos fuerzas que ya concurrieron a las urnas con la idea de formar un Gobierno de coalición, que obtuvieron tan solo 152 parlamentarios. Para poder lograr tanto la investidura como la aprobación de cualquier ley, los socios necesitaban, por tanto, el apoyo de las otras seis fuerzas políticas con representación parlamentaria, del espectro nacionalista e independentista.

Esas necesidades condicionaron las negociaciones posteriores para la investidura de Pedro Sánchez y, dos años después de las generales, siguen siendo determinantes en cada paso que da el Ejecutivo de PSOE y Sumar, obligado a concertar y pactar con todos para poder mantener el paso de una legislatura que no termina de coger ritmo. A la debilidad parlamentaria del Gobierno, inédita en la historia reciente de España, se han sumado en estos meses los choques con formaciones como Junts y Podemos, inicialmente en el bloque de la investidura, pero también las investigaciones policiales y las causas sobre José Luis Ábalos o Santos Cerdán, los dos últimos secretarios de Organización del PSOE imputados por corrupción. Todo ello ha impedido al Gobierno aprobar ningún presupuesto en este mandato y dar luz verde a algunas de las principales leyes prometidas, así como avanzar en su plan de regeneración.

A los partidos de la coalición les costó más de cuatro meses conseguir la investidura de Pedro Sánchez y, entre medias, en septiembre de 2023, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, fracasó en su intento de ser nombrado presidente del Gobierno en una sesión parlamentaria en la que solo consiguió el apoyo de Vox, UPN y Coalición Canaria, a pesar de que el 23J la de los populares fue la fuerza más votada. Esa ha sido otra constante en los dos últimos años: la incapacidad de Feijóo de lograr entenderse con nadie más allá de la extrema derecha, de la que ha adoptado algunos de sus discursos más radicales en su eterna pugna por el mismo electorado.

Los acuerdos para la investidura

De agosto a noviembre de 2023, PSOE y Sumar consiguieron cerrar acuerdos para la investidura de Sánchez con PNV, ERC, EH Bildu, BNG y Junts. La negociación más complicada fue con este último partido. No ayudó que justo cuando estaba a punto de cerrarse el acuerdo, a principios de noviembre, el juez citara como imputado por terrorismo al líder de Junts, el expresident Carles Puigdemont, en la causa sobre Tsunami Democràtic que finalmente acabó siendo archivada, en julio de 2024. Finalmente se consiguió un acuerdo para aprobar una Ley de Amnistía para los condenados por el procés independentista catalán, así como un texto en el que se reconocía la “singularidad” catalana en materia fiscal que permitieron la investidura de Pedro Sánchez, el 16 de noviembre de 2023.

La amnistía se aprobó finalmente a finales de mayo de 2024, pero como ejemplo de las dificultades de la legislatura está la negociación del nuevo modelo de financiación catalana, que no terminó de cerrarse hasta este mismo mes por parte del Gobierno y la Generalitat, y aún le queda todo el trámite parlamentario.

El escenario se complicó aún más a los pocos meses de que echara a andar la legislatura. El 24 de abril de 2024, a apenas 24 horas de que comenzara la campaña de las elecciones catalanas del 12 de mayo que acabó ganando el PSC de Salvador Illa, se publicaron las primeras informaciones sobre que un juzgado de Madrid, el de Juan Carlos Peinado, había decidido abrir una investigación secreta en torno a la esposa de Sánchez, Begoña Gómez, y su actividad profesional. Lo hizo a raíz de una denuncia del pseudosindicato Manos Limpias que se basó en recortes de prensa, algunos de ellos con noticias falsas.

Un año después, la instrucción que inicialmente imputó supuestos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios a Gómez persiste, aunque Peinado ha encajado diversos varapalos judiciales. El más reciente, cuando el Tribunal Supremo rechazó oficialmente implicar en el caso a miembros del Gobierno negando la petición de Peinado de imputar al ministro de Justicia, Félix Bolaños. En un duro texto, el alto tribunal habló de una “absoluta ausencia” de pruebas contra él. No obstante, Peinado acaba de imputar de nuevo a la esposa de Sánchez y a una exasesora de Moncloa.

En el momento en el que se publicaron esas primeras noticias, Sánchez tomó una decisión drástica e inédita: canceló su agenda durante cinco días para reflexionar si seguía en el Gobierno o dimitía, al dudar sobre su capacidad de continuar al frente del Ejecutivo ante la “campaña de acoso” contra su mujer. “He decidido seguir con más fuerza si cabe al frente de la presidencia del Gobierno de España”, aseguró cinco días después. También mostró su “compromiso de trabajar sin descanso, con firmeza y con generosidad por la regeneración pendiente” de la democracia “y por el avance y la consolidación de derechos y de libertades”. En julio de 2024 anunció un ambicioso plan de regeneración que sigue sin materializarse un año después.

Las grietas del bloque

En esas dificultades han sido determinantes varias rupturas del bloque de investidura en los últimos meses. Ya en diciembre de 2023, cuando ni siquiera había pasado un mes desde la investidura de Sánchez, Podemos decidió dejar el grupo parlamentario de Sumar bajo cuyas siglas se había presentado el 23J, ante su malestar por no haber conseguido ningún cargo en el nuevo Gobierno progresista. Más recientemente, el partido que dirige Ione Belarra ha roto con el Ejecutivo por los casos de corrupción que afectan al PSOE y también por la posición socialista en materia de defensa, considerada por el partido como belicista e incluso cercana a Donald Trump.

En agosto de 2024 Junts decidió por primera vez anunciar la retirada de su apoyo al PSOE en el Congreso por las dificultades de la aplicación de la amnistía a su máximo jefe, Carles Puigdemont, por parte de los tribunales y por la investidura de Salvador Illa en Catalunya. Ya en enero de este año hubo otro choque porque Junts presentó una iniciativa en el Congreso en la que solicitaba a Pedro Sánchez que se sometiera a una cuestión de confianza, que posteriormente fue retirada por la formación independentista tras negociar con el PSOE. Entre medias, Junts pactó con el PP una enmienda en contra del impuesto a las energéticas que hizo tumbar inicialmente el decreto que revalorizaba las pensiones, se ha mostrado en contra de la subida del salario mínimo y amenaza con tumbar cualquier intento del Gobierno de aprobar unos nuevos Presupuestos, que se llevan prorrogando desde 2023.