La muerte de Martín Montoya Marcilla ha desatado una feroz batalla legal y financiera en torno a su patrimonio, vinculado al caso Sada Goray y Marka Group. Su padre, el general en retiro Luis Montoya Villanueva, lidera la lucha por los activos de su hijo, quien fue considerado un testigo clave en las investigaciones. Se ha revelado que Montoya prestó más de un millón de soles a la empresa inmobiliaria Goray, dinero que supuestamente terminó en manos de Salatiel Marrufo, exasesor del Ministerio de Vivienda durante el gobierno de Pedro Castillo.

Luis Montoya ha declarado que el préstamo fue destinado a facilitar operaciones empresariales y que no tenía conocimiento de maniobras ilícitas. Sin embargo, la controversia ha generado una crisis interna en Grupo Palante, donde Martín poseía el 42% de las acciones, valoradas en más de 24 millones de dólares. La administración de la empresa, liderada por Sebastián Crespo Herrera, decidió excluir a Montoya en febrero de 2023, alegando daño reputacional debido a su vinculación con el caso Sada Goray.

"Lo querían excluir porque le aducían que tenía relaciones con el caso Sada Goray y ahí empieza el calvario de mi hijo", afirmó Luis Montoya. La familia sostiene que la exclusión se llevó a cabo sin respetar los acuerdos de pago y transferencia de acciones. Por su parte, Alexander Bazán, abogado de Grupo Palante, aseguró que la medida se tomó conforme a la ley y que el pago quedó judicializado por falta de acuerdo entre las partes.

La disputa se complica con una denuncia por presunta estafa relacionada con la venta de un terreno de 600 hectáreas en Paracas, donde Martín Montoya nunca habría recibido el pago completo. Además, se investiga la desaparición de 4 millones de dólares de un depósito realizado en 2020 a la cooperativa Pacífico por acciones. En total, el monto en disputa supera los 35 millones de dólares en activos y transferencias.

Luis Montoya defiende que su hijo siempre actuó de manera regular en los negocios y niega cualquier implicación en actividades irregulares. La situación ha atraído la atención de las autoridades, que continúan investigando las operaciones y las acusaciones de organización criminal, lavado de activos y fraude. Las preguntas sobre el origen y destino de los fondos, así como la legalidad de las exclusiones, siguen sin respuesta mientras avanza el proceso judicial.