La propuesta de la Comisión de Constitución de fijar para senadores y diputados un salario equivalente al de un juez supremo, que en promedio superaría los S/50 mil mensuales, generó un rechazo inmediato en diversos sectores. Aunque el Congreso retrocedió tras la ola de críticas, el intento evidenció la distancia entre los privilegios que buscan asegurarse los legisladores y la precariedad laboral que afrontan millones de peruanos.

La República conversó con cuatro profesionales de distintos ámbitos, medicina, educación básica y superior, y del sector salud, quienes coincidieron en señalar que el Parlamento vive de espaldas a la ciudadanía. Para ellos, el intento de fijarse sueldos exorbitantes revela una élite política desconectada de las urgencias nacionales, más preocupada en benefi

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