La Fiscalía ha puesto a Los del Alto en el centro de la atención pública al presentar pruebas que sugieren que este grupo criminal, con fuerte presencia en Medellín, facilitó el transporte de manifestantes al evento político del presidente Gustavo Petro en La Alpujarra en junio de 2024. Durante una audiencia judicial, se reveló que la organización habría dispuesto autobuses para movilizar a la comunidad hacia el acto, y que, tras el evento, celebraron con una fiesta en el barrio Aranjuez, su principal bastión.
La Fiscalía, en la audiencia contra diez presuntos miembros de Los del Alto, expuso que cuenta con información de una fuente reservada que vincula a la organización con la logística del evento de Petro. Este señalamiento se basa en la supuesta cercanía de Los del Alto con alias Douglas, uno de los líderes históricos del grupo, quien estuvo presente en la tarima junto al presidente y otros representantes de estructuras armadas y del narcotráfico del Valle de Aburrá. La celebración en Aranjuez refuerza la hipótesis de una participación activa en la movilización y respaldo al acto público.
Los del Alto, originarios del barrio Aranjuez y con presencia en sectores como Berlín, San Isidro y La Piñuela, han consolidado un dominio criminal en Medellín y han extendido su influencia a países como Perú, México, Brasil y Guatemala. Su actividad principal se centra en la extorsión de empresas, parqueaderos, vendedores informales y proyectos de construcción. Además, operan esquemas de préstamos "gota a gota" o "pagadiario", donde las víctimas deben pagar cuotas diarias que superan ampliamente la deuda inicial, bajo amenazas y episodios de violencia.
El 29 de julio de 2024, una operación conjunta del Gaula de la Policía y la Fiscalía resultó en la captura de diez personas vinculadas a Los del Alto. En la redada se incautaron más de $212 millones en efectivo, USD 1.339, joyas, vehículos y motocicletas. Entre los detenidos se encuentran tres hombres identificados como cabecillas y una mujer que, según las autoridades, habría prestado su nombre para legalizar bienes adquiridos con recursos ilícitos.
La investigación que llevó a estas capturas comenzó en febrero de 2023, cuando las autoridades indagaron sobre múltiples casos de extorsión en Aranjuez. Desde entonces, Los del Alto fue identificado como uno de los principales actores en el negocio de los préstamos clandestinos en el nororiente de Medellín. Uno de los casos más graves documentados involucra a un hombre cuya deuda inicial de $750 millones se duplicó, y que, bajo amenazas de muerte, se vio obligado a entregar un apartamento y pagar $150 millones adicionales.
Durante el proceso investigativo, se detectaron referencias constantes a alias El Saya en llamadas telefónicas donde se proferían amenazas. También surgieron menciones a alias Pichi Gordo y alias Douglas, cuyos nombres se utilizaban para intimidar a las víctimas. Interceptaciones telefónicas permitieron a la Fiscalía identificar cambios internos en la organización, incluyendo conversaciones sobre el homicidio de alias Torres en agosto de 2024, lo que evidenció fracturas dentro del grupo.
El análisis de estas comunicaciones permitió a los investigadores establecer la conexión histórica de Los del Alto con el grupo delincuencial organizado La Terraza, especialmente a través de sus líderes Juan Camilo Rendón (alias El Saya) y Elder Darbey Zapata Rivera (alias Grande Pa). Ambos fueron capturados en 2014 y 2019, respectivamente, y actualmente forman parte de la Mesa de Paz Urbana de la Cárcel de Itagüí, respondiendo a José Leonardo Muñoz (alias Douglas).
Desde 2024, Los del Alto ha experimentado una reestructuración interna tras el asesinato de alias Torres, uno de sus principales líderes. Este hecho se relaciona con disputas internas en La Terraza, que también sufrió la pérdida de alias Pichi Gordo en marzo de 2024. Tras la muerte de Torres, el liderazgo de Los del Alto recayó en alias Cepillo, quien tiene antecedentes por porte ilegal de armas, tráfico de estupefacientes y concierto para delinquir.
Luego de las audiencias preliminares, un juez de control de garantías determinó el 4 de agosto de 2024 que los diez capturados permanecerán en prisión preventiva, mientras que la mujer implicada en el caso cumplirá arresto domiciliario.