Desde que Felipe Calderón inició la llamada guerra contra el narcotráfico, los grandes cárteles se fragmentaron y hoy operan en células más pequeñas, pero dispersas y violentas, lo que ha multiplicado la incidencia de delitos como el secuestro, el robo y, sobre todo, la extorsión.

Los criminales cobran el mal llamado “derecho de piso” a negocios de todo tamaño: desde un puesto de comida hasta una gran empresa. La situación está fuera de control en estados como Michoacán, Guerrero, Tamaulipas, Veracruz, Durango, Oaxaca, Guanajuato, Morelos y Tabasco. Ahí la ley del crimen pesa más que la del Estado, y el miedo se ha convertido en la moneda de cambio.

En Chihuahua, sin embargo, la historia ha sido distinta. Debemos reconocer que los últimos gobernadores, incluida la actual mandataria, Marí

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