Por Rafael Briceño

C HETUMAL, MX.- Tras la aprobación en el Congreso de Quintana Roo de reformas a la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano —en acatamiento a lo ordenado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)—, el Observatorio Legislativo Ciudadano calificó de simulación el procedimiento y advirtió que no se descarta una nueva intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), pues persisten actos de inconstitucionalidad.

Explicó que, luego de la aprobación realizada en periodo extraordinario el 19 de agosto, las reformas fueron publicadas un día después en el Periódico Oficial del Estado (número 155 extraordinario), donde ya se establecen disposiciones para el cobro de dictámenes, lo que —aseguró— afectará los presupuestos de los desarrollos inmobiliarios.

El organismo señaló que la Consejería Jurídica del Estado, autora de la iniciativa, podría apostar a que con el inicio de la nueva Corte las reformas continúen vigentes. Agregó que tampoco se espera que algún municipio las impugne, pues la actual alineación política les dificulta presentar un reclamo jurídico que defienda su independencia constitucional.

Asimismo, lamentó que no exista pronunciamiento de organizaciones empresariales frente a lo que consideró una simulación de reformas, aunque reconoció que alguna empresa podría recurrir al amparo. Sin embargo, apuntó que estas también enfrentan condicionamientos por su cercanía al gobierno y la carga de trámites para obtener autorizaciones.

El Observatorio manifestó su confianza en que los programas federales de reducción de trámites impacten eventualmente en estas disposiciones que calificó de inconstitucionales.

Cabe recordar que el 19 de agosto, la XVIII Legislatura celebró el octavo periodo extraordinario para aprobar y emitir dictámenes que reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Asentamientos Humanos, la Ley de Acciones Urbanísticas, la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, así como la Ley de Derechos de Quintana Roo.

Aunque las iniciativas estaban previstas desde el 22 de julio, los legisladores esperaron la resolución de la SCJN en la controversia constitucional 471/2023, promovida por el Municipio de Solidaridad durante la gestión de la ex presidenta municipal Lili Campos (PAN).

La Corte determinó que dicha controversia era procedente al considerar inconstitucional la facultad otorgada al Ejecutivo estatal para emitir la Constancia de Congruencia Urbanística Estatal, pues invade la competencia exclusiva de los municipios para autorizar, controlar y vigilar el uso de suelo, así como otorgar licencias y permisos de construcción, conforme al artículo 115, fracción V, incisos d) y f) de la Constitución Federal.

Además, estableció que la norma violaba el principio de seguridad jurídica al remitir al reglamento de la ley aspectos que, según la Ley General, deben estar contenidos en una ley formal y material, lo que resulta contrario a los principios de homogeneidad establecidos en el artículo 27 constitucional.

Pese a ello, la XVIII Legislatura volvió a aprobar reformas en el mismo sentido, sustituyendo únicamente el concepto de Constancias por el de Dictámenes . (Noticaribe)