La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha reiterado su exigencia al Congreso para que designe un Defensor del Pueblo, un cargo que permanece vacante desde 2009. Además, la Corte ha solicitado la sanción de una ley que regule los procesos colectivos. Este reclamo se produce al cerrar una causa que busca extender el alcance del "fallo Badaro" a todos los jubilados y pensionados en situaciones similares.

Los jueces Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, en un voto conjunto, señalaron que la falta de un Defensor del Pueblo ha afectado el trámite del expediente. Este organismo es crucial para adaptar la demanda a los requisitos establecidos por la Corte para los procesos colectivos. La Corte también destacó que la sanción de la Ley de Reparación Histórica y las demandas individuales resueltas en años recientes han cambiado el contexto del reclamo.

El juez Ricardo Lorenzetti subrayó que la prolongada demora en la resolución de esta causa se debe principalmente a la vacante en el cargo de Defensor del Pueblo. Además, advirtió que este organismo no tiene legitimación para representar colectivamente a los jubilados en cuestiones patrimoniales.

El caso "Badaro" se remonta a una acción presentada en 2007 por el entonces Defensor del Pueblo, Eduardo Mondino. Su objetivo era que se aplicara a todos los jubilados el criterio de movilidad salarial fijado por la Corte en favor de Adolfo Badaro. Sin embargo, la Cámara de la Seguridad Social rechazó la demanda, argumentando que se trataba de derechos individuales, lo que llevó a la apelación ante el máximo tribunal.

La Corte ha recordado precedentes como el fallo "Halabi" de 2009 y ha enfatizado que lleva más de 15 años solicitando sin éxito una ley que regule los procesos colectivos en el país. Este vacío legal y la falta de un Defensor del Pueblo siguen siendo obstáculos significativos para la resolución de causas colectivas que afectan a miles de ciudadanos.